Nuestros políticos prefieren actuar en secretividad antes que de cara a la ciudadanía, con transparencia y honestidad. Ello explica que 1,400 aspirantes a cargos de elección popular, de un total superior a 5,700 candidatos, pese a habérseles concedido dos prórrogas vía decreto legislativo, no cumplieron con la obligación de ofrecer a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), un informe detallado respecto a los fondos que utilizaron durante la campaña de elecciones internas, optando por participar en las elecciones generales, cancelar la multa y continuar activando a efecto de ser escogidos con el voto popular que les permite bien ser reelectos, bien ser favorecidos por vez primera, con los privilegios inherentes a una diputación o alcaldía.
Los electores tenemos todo el derecho de preguntarnos las razones verdaderas para tal negativa, por demás sospechosa. ¿Cuál es el origen de las cantidades que administraron? ¿A cuánto ascienden los montos?
Las campañas electorales son cada vez más onerosas, por los gastos de publicidad, pago de activistas y logística, por lo que los aspirantes deben contar con sumas millonarias, que en la mayoría de los casos no provienen de fondos propios, por lo que deben solicitar a personas pudientes, dispuestas a invertir en el negocio de la política, que ofrecen desembolsos condicionados a la gestión y aprobación de sus proyectos personales y/o familiares, no siempre de carácter lícito.
Ello no impide que los candidatos acepten tales sumas, a sabiendas de que deben ser pagadas con favores especiales, si logran ser electos.
Con razón, el analista Kenneth Madrid concluye: “... esas son las cosas que hemos dicho a los políticos: arreglen la ley, creen un tipo penal que sancione esto con cárcel”.
Los nombres de quienes han rehusado cumplir con su deber deben ser publicados por los medios de comunicación masiva a efecto de que la ciudadanía tome en cuenta al momento de depositar su voto tanto a los que sí acataron la ley como quienes la incumplieron, premiando y sancionando, respectivamente, a unos y a otros.
Ha llegado el momento de exigir el debido rendimiento de cuentas en todos los niveles. Basta ya de ocultamientos, fingimientos, arreglos bajo la mesa, sesiones de madrugada, hipocresías y cinismos, práctica generalizada entre políticos y funcionarios. Debe prevalecer el acato y respeto a la ley por sobre los intereses y conveniencias personales y grupales, si es que aspiramos a nuevas reglas del juego fundamentadas en la decencia, la moral, la ética, el bien común. Caso contrario, continuaremos víctimas y prisioneros de poderes fácticos y grupos de interés, de espaldas y en contra de la ley y la verdad.
