La población hondureña experimenta un impacto inflacionario derivado del conflicto en el Medio Oriente que enfrenta a los Estados Unidos con su rival iraní, desde hace ya seis meses en el curso del presente año y sin expectativas de una solución a corto plazo.
El alza en el precio del petróleo y sus derivados impacta en las alzas semanales en el costo de vida, en distintos rubros: alimentos, medicamentos, préstamos bancarios, alquileres, transporte.
Tales incrementos se justifican parcialmente; empero, también ocurre la especulación por personas que aprovechan la actual traumática coyuntura para incrementar ganancias en detrimento de las mayorías, cuyos ingresos permanecen estáticos, particularmente para las y los asalariados, jubilados y pensionados.
Si bien es cierto que en 1989 se emitió la Ley de Protección al Consumidor, que pretende establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda al momento de adquirir bienes y servicios sin propósito de obtener ganancias ni de ampliar un proceso de su producción o comercialización, regulando las relaciones de mercado en base al principio de equidad entre consumidores o usuarios, de una parte, y comerciantes, industriales, importadores y ofertantes de servicios, por otra.
La normativa procura impedir el acaparamiento y la especulación que buscan encarecer precios, transgredir regulaciones respecto a pesas y medidas, no incluir la rotulación en los envases de productos, omitir las condiciones en que se conceden créditos y descuentos en la venta de productos, sean estos financieros, educativos, en telecomunicaciones, productos farmacéuticos, arrendamiento de vivienda, entre otros.
Consecuentemente, tanto su aplicación como supervisión son muy limitadas, pese a la existencia de la Fiscalía de Protección al Consumidor, que recibe denuncias y quejas por parte de usuarios afectados por la adquisición de bienes y servicios en condiciones lesivas y onerosas en sus presupuestos, violando así sus derechos, no siempre conocidos.
Por ello, resulta esencial la educación en materia legal y financiera, para evitar las diversas estafas ocurridas en perjuicio de miles de compatriotas, perpetradas tanto por connacionales como por extranjeros.
También la Ley de la Tercera y Cuarta Edad no siempre es aplicada en perjuicio de ancianas y ancianos.
Paralelamente, los usuarios deben evitar ser atrapados por el consumismo irracional, particularmente cuando se pagan incrementos salariales y aguinaldos a mitad y a fines de cada año.
El principio del bien común debe estar por encima del interés particular si deseamos convivir en una sociedad en que la justicia y el respeto a la ley son la norma y no la excepción.
