Tanto el próximo gobierno central como el capitalino recibirán un cúmulo de promesas incumplidas producto de la improvisación, demagogia, incompetencia administrativa y gerencial que pasarán factura a partir de la respectiva toma de posesión el 27 del corriente mes.
La más onerosa, que limitará cualquier nuevo proyecto, deriva del cada vez abrumador peso de la deuda externa e interna. Tal como recuerda el economista Martín Barahona: “...Considerando los nuevos endeudamientos, algunos no autorizados por el Congreso, es muy probable que el saldo a diciembre de 2025 se aproxime a los US$18.5 mil millardos.
Los compromisos fiscales implicarán un pago de servicio de las deudas de unos L70,000 millones anuales, manteniéndose como el mayor rubro presupuestario”.
El combate efectivo y sostenido contra la corrupción e impunidad requiere que se reactiven las gestiones con el Secretario General de las Naciones Unidas para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), si es que se desea si no destruir, al menos debilitar las redes incrustadas en la administración pública y llevar a juicio los más graves casos de cohecho, incluyendo a los miles de afectados por el gigantesco fraude de la empresa de fachada Koriun, que enriqueció a unos pocos sin que el Ministerio Público ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros detectara e interviniera oportunamente tal megaestafa.
Los supuestos vínculos existentes entre personeros del régimen que está por concluir con narcotraficantes, incluyendo al exsecretario del Legislativo, Carlos Zelaya, deben ser judicializados.
El trabajo por hora merece ser incorporado a la legislación laboral, con ello ofreciendo oportunidades de ingresos a la juventud que trabaja y estudia.
El personal supernumerario en el sector público debe ser evaluado, suprimiendo plazas otorgadas por clientelismo, no por capacidad ni honestidad.
Se debe investigar y proceder contra los autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López, al igual que la de otros y otras compatriotas que se oponen, en lucha desigual, contra el modelo extractivista de los recursos naturales, que continúa vigente, agravando la vulnerabilidad que origina inundaciones, sequías, deslizamientos, erosión, deforestación, contaminación.
Rehabilitar la infraestructura vial cada vez más deteriorada, incidiendo en el traslado de personas y productos agropecuarios, con alza en los costos de transporte y mantenimiento de las unidades. Igualmente, la construcción de represas forma parte de la agenda no activada, tanto en la zona norte como en Tegucigalpa.
El Congreso deberá ratificar la derogación de las Zedes por violar preceptos constitucionales. Son estos y muchos más los retos a los que deben hacer frente las nuevas autoridades, con voluntad política, inteligencia y firmeza.
