El acceso y manejo de la información pública es un derecho humano que solo puede existir y prosperar en un sistema genuinamente democrático, transparente, con efectiva rendición de cuentas, en que la divulgación del cómo se administran los bienes, recursos y asuntos públicos por parte de los gobiernos no son silenciados ni reprimidos.
No olvidemos que Honduras, junto con México y Colombia, son las tres naciones latinoamericanas con mayor incidencia de violencia física y asesinato de periodistas y comunicadores sociales. Tal como afirma el periodista nicaragüense Carlos Chamorro, “sin Estado de derecho y sin democracia, la existencia de la prensa libre está amenazada por la arbitrariedad de un poder sin limites”.
La intolerancia oficial percibe a los medios y comunicadores como enemigos que deben ser silenciados, para ello utilizando amenazas, represalias, agresiones, despidos, ora mediante mecanismos legales, ora vía presiones económicas con los propietarios, con el fin de obligarlos a la autocensura.
Estos son algunos mecanismos de intimidación estatal: la descalificación de periodistas y ataques sistemáticos a la prensa, dirigidos por las principales autoridades gubernamentales, civiles y militares; agresiones físicas, negativa de acceso a las fuentes oficiales y a la información publica a los medios independientes; abuso de cadenas nacionales de radio y televisión para divulgar propaganda partidaria y gubernamental; utilización de los medios oficiales como instrumentos de propaganda partidaria; utilización de presiones económicas contra las empresas de medios, mediante la publicidad estatal y de políticas tributarias y aduaneras; abuso de los juicios contra periodistas, cancelación de licencias para la operación de medios electrónicos, promulgación de legislación para controlar e incidir sobre los contenidos periodísticos.
Ante los nuevos retos en la función crítica de la prensa ante el poder, se requiere de dos condiciones: no ceder ante la intimidación, ni caer en la autocensura. La prensa debe pasar de la fiscalización de los poderes públicos a la fiscalización de los poderes privados, para consolidar su independencia y credibilidad. Las democracias demandan hoy de la prensa estar vigilantes de todos los poderes para frenar toda posibilidad de abusos, ya que solo con información libre y confiable se pueden proteger las libertades y los derechos de los ciudadanos.
Los medios de comunicación deben consolidarse como actores democráticos, practicando un periodismo cívico promotor del pluralismo y el debate público.
