Para comprender como es que Daniel Ortega lleva ya cuatro mandatos presidenciales consecutivos es necesario conocer, paso a paso, de qué manera fue concentrando un poder omnímodo en sus manos, con el respaldo del Ejército, Policía y bandas paramilitares.
Su primer periodo presidencial (1985-1990), la oposición postuló a Violeta Barrios de Chamorro, ganando la elección con ella y posteriormente con Arnoldo Alemán en 1996. Este y Ortega negociaron 16 reformas constitucionales, una de ellas rebajando el porcentaje de votos ciudadanos necesarios para ganar la elección presidencial, lo que posibilitó el retorno de Ortega al poder en 2007, con el 38% de sufragios emitidos. Desde entonces, lleva ya cuatro mandatos consecutivos como titular del Ejecutivo, con total control del Judicial y Legislativo.
El 2017, su esposa, Rosario Murillo, es nombrada vicepresidente y sucesora de Ortega en el poder cuando este lo decida: una reedición de la dinastía somocista. La reducción en el monto de jubilaciones y pensiones de la Seguridad Social en 2018 provocaron masivas protestas populares, sofocadas con saldo de 328 muertos, 2,000 heridos, 100,000 exilados, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los comicios de noviembre 2021, siete aspirantes a la Presidencia pertenecientes a partidos opositores fueron encarcelados. El 2023 se despojó de la ciudadanía y nacionalidad nicaragüense a centenares de sus compatriotas, declarándolos traidores a la patria y agentes de los servicios de inteligencia estadounidense, encarcelando y deportando a sacerdotes, clausurando universidades privadas y organizaciones no gubernamentales, cerrando medios de comunicación independientes.
Al presente lleva ya casi veinte años en el poder, en el proceso acumulando riquezas para disfrute personal y de sus hijos. La persecución de la oposición incluye el asesinato, siendo la más reciente víctima el militar retirado, exilado en Costa Rica, Roberto Samcam Ruiz. Algunos de sus más cercanos colaboradores, incluyendo a su hermano Humberto y Bayardo Arce, han sido arrestados, desconociéndose su paradero: a tales extremos ha llegado la paranoia de este dictador, cuya salud es clasificada como secreto de Estado. Ha otorgado refugio a funcionarios de alto nivel de otros países, acusados de alta corrupción, incluyendo a exgobernantes salvadoreños y políticos hondureños.
Así, metódica y sistemáticamente, ha concentrado poderes totalitarios en torno a su persona y la de su sucesora, destruyendo los últimos vestigios de lo que en su momento fue la revolución sandinista, que recibió en sus inicios respaldos regionales e internacionales, con la esperanza y anhelo de que se inauguraba una etapa democratizadora en la hermana Nicaragua.
