“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”. (Constitución de la República de Honduras, 1982. Capítulo VII, De la Salud, Artículo 145).
Un insondable abismo separa este compromiso y obligación estatal de la cruda y dura realidad que impacta a millones de compatriotas carentes de suficientes ingresos económicos para acceder a hospitales y clínicas privadas, viéndose obligados a concurrir a los públicos.
En estos, la atención recibida está lejos de ser la óptima, por un conjunto de factores adversos que van desde la escasez de medicamentos e insumos, prolongada mora quirúrgica, citas médicas tardías, hurto de equipos, plagas de insectos y roedores, insuficiente número de camas, pérdida de expedientes, todo lo cual resulta en una experiencia frustrante para las y los pacientes.
Dos hechos agravan aún más tan deprimente condición, violatoria del derecho humano a la salud: la Secretaría de Salud se encuentra de hecho acéfala desde enero del presente año, cuando el titular del Poder Ejecutivo se autonombró como ministro de tal cartera ministerial, supuestamente para eficientar su proyección a la nación, sin lograr tal propósito dadas sus múltiples ocupaciones en distintas áreas de su competencia.
Todo lo que está pasando ahora mismo en el sistema sanitario solo evidencia que Asfura cometió un error de fondo al sobreestimar su capacidad administrativa, que pasa factura al ser notorio el cada vez más irregular desempeño y proyección de tal Secretaría de Estado, hoy al garete debido a no contar con un ministro profesional en Medicina, poseedor de credenciales comprobadas en administración y gestión pública, amén de solvencia ética, desligado de la política partidaria-sectaria, dedicado a tiempo completo a su delicado cargo.
El otro se refiere al prolongado paro de labores de los galenos laborantes en el sistema sanitario estatal, incluyendo hospitales y centros asistenciales, acatando la orden impartida por la directiva del Colegio Médico de abandonar sus funciones e irse a huelga de brazos caídos, mal llamada “asamblea informativa”, alegando la mora en el pago de sueldos, a lo que la Secretaría de Salud asegura que solamente se le adeuda pago al 4 % de los doctores, lo que no debería ocurrir por cuanto su responsabilidad es la puntualidad en el pago de salarios tanto del personal profesional como auxiliar.
El paro de labores de los médicos se acerca ya a las seis semanas desde que se inició, en directo perjuicio de las y los pacientes, tanto adultos como niños (as), totalmente ajenos al presente conflicto, que conlleva graves consecuencias para las y los hondureños que deben concurrir en procura de salud a los nosocomios del Estado.
Cada vez con mayor crudeza quedan evidenciadas las severas limitaciones y carencias que afectan directamente el bienestar psicofísico de la mayoría de nuestra población, carente de adecuada atención y cobertura requeridas, prevaleciendo el abandono y deterioro del sistema de salud pública.
