Por Decreto Legislativo n.º 228-93, aprobado el 13 de diciembre de 1993 y vigente a partir del 6 de enero de 1994, fue creado el Ministerio Público, encargado de la investigación de delitos y de ejercer la acción penal pública. Su Ley Orgánica lo define como un organismo profesional especializado, libre de injerencias políticas y funcionalmente independiente de los poderes y entidades del Estado.
Sus fines y objetivos son, entre otros: representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, realizando la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables, requiriendo ante los tribunales competentes la aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal pública; velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio de la Constitución y las leyes secundarias. También: combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas.
Para realizar pronta y eficientemente este vasto conjunto de obligaciones, requiere contar con un número adecuado de fiscales especializados, lo que no ocurre, con el consiguiente recargo de funciones en los laborantes de las distintas fiscalías, sobrecargándolos y retardando su accionar. A ello debe añadirse que la escala salarial actual no corresponde con su trabajo profesional, que requiere de capacitaciones intensivas y actualizaciones permanentes.
Se anunció una convocatoria a concurso público para reclutar un mayor número de fiscales, algo que no ha ocurrido, sin que se hayan brindado explicaciones por tal cancelación, ignorándose si se debe a un presupuesto insuficiente para el pago de sueldos y viáticos. Su sostenibilidad financiera, cuando es insuficiente, afecta su eficiencia.
Tanto la sede central como las distintas regionales deben contar con suficiente personal para la atención oportuna de las denuncias recibidas, mismas que deben ser investigadas en su totalidad.
El Ministerio Público, además de disponer del recurso humano suficiente, debe poseer un adecuado equipamiento de los laboratorios de investigación, servicios de medicina forense, custodia de las evidencias y bienes incautados.
Ello, obviamente, requiere de suficiente personal profesional, técnico y administrativo para cumplir a cabalidad con sus múltiples y complejas funciones, que incluyen la sustentación de pruebas en los procesos acusatorios.
La seguridad jurídica y ciudadana, la gobernabilidad democrática, la confianza y cohesión social así lo requieren.
De no ocurrir, se debilita la institucionalidad y se desactivan sus mecanismos, lo que resulta en ganancia para la corrupción e impunidad en sus múltiples modalidades.
Prevalece entonces la consolidación de prácticas arbitrarias, la apelación a la justicia por propia cuenta como medio para dirimir controversias, con mayores cuotas de violencia e incertidumbre colectivas, dando paso a retrocesos en derechos y garantías, erosión de las libertades y debilitamiento del Estado de derecho para iniciar gobiernos autoritarios, estados de excepción y represión ya experimentados a lo largo de nuestra historia, mismos que no deben ser resucitados.
