Pese a que durante un año electoral el partido político en control del poder incrementa las erogaciones presupuestarias en la construcción de obras, dotación de servicios, otorgamiento de subsidios a los sectores sociales de menores ingresos, que son mayoritarios en Honduras, con el propósito de captar potenciales votos al momento de realizarse elecciones presidenciales, lo que presenciamos en este gobierno es lo contrario, cuando apenas el 29% del presupuesto de inversión pública ha sido ejecutado durante este año.
El Presupuesto vigente asciende a 82,039.9 millones de lempiras, empero lo ejecutado hasta ahora apenas es de 24,046.6 millones de lempiras, que representa el 29.3% del total, de acuerdo con un informe divulgado por la Secretaría de Finanzas.
Ni siquiera en rubros esenciales como son salud, carreteras, energía se ha incrementado lo desembolsado, lo que revela la falta de capacidad administrativa y de ejecución por parte de las distintas secretarías de Estado; ello debido al nombramiento de ministros en base a criterios de lealtad, no de competencia. Con respecto a la inversión privada, el actual clima de violencia, inseguridad ante el presente y cercano futuro, la crisis del sector energético, impactan negativamente tanto en los montos de capital invertidos por compatriotas y extranjeros, que optan por aguardar el desenlace de las elecciones a realizarse el 30 de noviembre.
Para el caso, en el sector de la construcción de vivienda, este año contempla una caída significativa en comparación con los dos años anteriores, lo que es atribuido a la falta de financiamiento para tal sector, más las altas tasas de interés en los créditos por el clima de incertidumbre y crisis política vigente. La consecuencia directa es la pérdida de 60,000 empleos, cifra significativa que se elevará a medida que más compatriotas deportados retornan a su país. Si hasta 2023 se construían 30,000 viviendas anualmente, tal cifra se ha reducido a 15,000 unidades. Recuérdese que el sector construcción genera alrededor de 300,000 empleos temporales, contribuyendo al crecimiento económico y el bienestar social.
Ambas inversiones deberían ser sostenidas y coherentes en infraestructura productiva, sin embargo, su crecimiento tiende a ser desigual y fluctuante por la baja productividad y la escasez actual de mano de obra calificada.
El fortalecimiento del marco jurídico generador de condiciones de seguridad y estabilidad para los inversionistas hondureños y foráneos, la recuperación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo a los procesos de dinamización socioeconómica, el clima de negocios, la imagen del país, la ampliación de la conectividad, la energía e infraestructura eléctrica con tarifas competitivas y reducción de pérdidas por voltaje, la dotación de agua, saneamiento, devienen esenciales para su reactivación. Todo ello con transparencia, claridad de procedimientos, simplificación administrativa, la ampliación, reparación y mantenimiento de la infraestructura vial, la revisión de contratos existentes y depuración de aquellos no operativos, transparencia total de las licitaciones públicas.
