Ser nombrado para un cargo público conlleva poseer la suficiente sabiduría para comprender que tal nombramiento implica deberes y responsabilidades, habida cuenta que desde el momento que acepta desempeñarlo se convierte en un servidor del pueblo, quien con el pago de sus impuestos hace posible el pago de su salario y cualquier otro ingreso monetario adicional.
Además que el período de duración del mismo es de carácter temporal y que, al concluir su gestión administrativa debe rendir cuentas de los fondos administrados.
La mayoría de funcionarios, de distinto rango y nivel jerárquico, ejercen el puesto a ellos encomendado de manera correcta: con transparencia, adecuadas relaciones humanas con los usuarios y los subordinados, honestidad en el manejo de ingresos y egresos, eficiencia, lo que permite el reconocimiento de sus superiores y de la ciudadanía.
Lamentablemente, algunas y algunos seleccionados por sus superiores para ejercer el puesto para el cual ha sido seleccionado, olvidan que deben corresponder a la confianza en ellas y ellos depositada.
Sus actuaciones resultan deficientes por incompetentes, conllevan irregular manejo del presupuesto asignado, opacidad en el destino del mismo, favoritismos en la adjudicación de licitaciones, apoyo y tolerancia a redes corruptas al interior de la dependencia, sea poder del Estado, ministerio, dirección general, batallón, reclusorio, arrogancia y prepotencia, enriquecimiento ilícito, nepotismo en la selección de personal, acoso sexual y laboral, sustracción de medicamentos y equipos, todo lo cual significa la ausencia de valores éticos.
Tales irregularidades se repiten con cada Gobierno, a nivel municipal, departamental, nacional, deteriorando la propia imagen y la del régimen de turno, justamente cuestionado por haber escogido a personas indignas del nombramiento en ellas conferido.
Cuando se exponen públicamente, previa rigurosas investigaciones, el cúmulo de hechos perpetrados, reñidos con la ley y la moral, una justa indignación y repudio embarga a la población que, directa o indirectamente, ha sido afectada por tales abusos de poder, sea el haber destinado cantidades millonarias a la construcción de hospitales no concluidos, decoración de salas ejecutivas, viajes innecesarios al extranjero, incrementos salariales selectivos, ascensos injustificados, apropiación de pagos para beneficio personal, para citar una pequeña muestra de tales actos ilícitos.
Simultáneamente, está el honor y el prestigio nacional, que no deben ni pueden ser mancillados por quienes, al momento de ser nombrados y juramentados, se comprometieron a desempeñarse de manera acorde con la ley y la ética pública.
Todo aquel que actúe en su contra merece la correspondiente sanción y repulsa.Honduras no puede continuar tolerando arbitrariedades, que significan el acelerado empobrecimiento de la nación y sus habitantes. Para ello es urgente que funcione la institucionalidad competente, impulsando las acciones de investigación de todos y cada uno de los casos de corrupción que sean denunciados y detectados y presentados a la justicia quienes resulten responsables.
