Cuando están inmiscuidos los políticos en la confrontación estéril derivada de las elecciones internas del 9 de marzo se pone en tela de duda cuál de las partes involucradas es culpable o inocente. En lo que no cabe la menor duda es que el proceso electoral fue un desastre por mucho que se diga que el “tour” que le dieron a las urnas solamente se dio en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y que en el resto del país todo se desarrolló con normalidad. Quienes defienden este criterio no toman en cuenta que ambas ciudades son las que tienen la mayor carga electoral de Honduras. Por allí vienen las sospechas de un gran sector de la población en el sentido de que, en el descalabro electoral, hubo “mano peluda”.
Desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral es integrado por representantes de los tres partidos mayoritarios de la nación se sabe que cada uno de los consejeros defenderá, hasta la saciedad, los intereses partidarios sin importarles que está en juego la voluntad del electorado y por ende el respeto a la majestad de la democracia.
Para hacer valer el refrán: “río revuelto es ganancia para pescadores”, muchos políticos están aprovechando el caos y la incertidumbre que se han formado en un mar de acusaciones entre el máximo jerarca de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y la presidenta nacionalista del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, para llevar agua a sus molinos. Los tres consejeros no actúan por voluntad propia o amor al pueblo, sino que reciben directrices de los dirigentes de sus respectivos partidos, por ello difícilmente se unirán para terminar con la crisis.
Si los militares no actuaron malévolamente obedeciendo órdenes del partido gobernante para frustrar los comicios, como ellos defienden, parece que al menos cumplieron aquel precepto complaciente de dejar pasar y dejar hacer.
Si realmente hubiera voluntad para que estos acontecimientos vergonzosos no empañen, o en un extremo anticonstitucional impidan, las elecciones generales del 30 de noviembre, las partes en conflicto deben someterse a las investigaciones que el caso requiere. En tal sentido, el Ministerio Público tendría que asumir el papel que le corresponde en el ejercicio ineludible de la acción penal en casos como este. Sería su oportunidad para limpiar su rostro, demostrando que no es un organismo al servicio del partido gobernante ni de cualquier otro poder, como aseguran analistas y principalmente la oposición.
Si todo esto fuera posible, quedaría despejado el camino para que el pueblo pueda caminar con toda confianza por la recta final que conduce hacia las elecciones generales del 30 de noviembre. Para entonces ya estarán en plena actividad eleccionaria los nuevos partidos que buscan dar una lección de honestidad y de cordura a los dinosaurios de la política tradicional. Todo sea por el bien del gran electorado que dio una lección de civismo en medio del desorden del pasado 9 de marzo.
