En Honduras, más de 64% de los hogares viven en situación de pobreza, y el 41,5% en pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes a 2023, una evidencia clara de que nuestras familias enfrentan carencias estructurales que trascienden la falta de ingresos.
Un niño del Corredor Seco puede perder lo poco que tiene cuando una sequía destruye sus cultivos; una comunidad costera como Cedeño ve cómo su tierra y su historia desaparecen bajo las crecientes mareas. Frente a un contexto donde las emergencias climáticas y sociales aplastan oportunidades, es urgente replantear cómo protegemos a nuestra gente.
Los gobiernos debieran asumir con prioridad una Política de Estado de Protección Social y Dignidad Humana, que supere la lógica de los programas aislados y se incorpore al marco institucional, tal como ya funcionan la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Educación. Esto garantizará su continuidad, blindaje legal y estabilidad presupuestaria, más allá de coyunturas electorales.
La vulnerabilidad es alarmante: el índice de pobreza multidimensional afectaba históricamente a uno de cada cinco hondureños, quienes sufrían privaciones en salud, educación y condiciones de vida básicas. Esta situación demanda una respuesta estructural, no medidas parciales.
La política debe materializarse con una plataforma nacional interoperable que permita identificar de forma digital y georreferenciada cada unidad familiar, sus niveles de vulnerabilidad y los servicios que recibe con el uso de un Gobierno Digital e Inteligencia Artificial se puede articular la atención en educación, salud, empleo, alimentación y cuidados, con un enfoque integral de ciclo de vida, equidad de género, inclusión étnica y descentralización territorial. Esta innovación técnica convertirá la asistencia fragmentada en derechos reales y medibles, elevando la responsabilidad del Estado a un nivel operativo efectivo.
“Sin dejar a nadie atrás” no es un ingenioso gancho para una campaña: es una decisión ética y política de país. Es la promesa de que un niño del campo tenga acceso a educación, una mujer víctima encuentre refugio y justicia, y cada persona mayor reciba cuidado digno. Con esta política, el Estado deja de ser espectador para convertirse en garante de dignidad, equidad y esperanza, para su gente.
