"Acepté este trabajo de guardia de seguridad privada porque no tengo ninguna profesión y no sé ningún oficio", es el testimonio de Hilario Paz, un joven proveniente de Santa Bárbara que forma parte del "batallón" de los más de 80,000 jóvenes que hay en Honduras en este año 2026. Los guardias de seguridad constituyen según denuncias de trabajadores y organizaciones laborales, uno de los sectores más explotados en Honduras. Sin respeto a sus derechos humanos y laborales, con extensas jornadas laborales y el más bajo salario del mercado laboral, que no llega ni al mínimo, pues la mayoría ganan menos de 10,000 lempiras mensuales; sin acceso al Seguro Social, al pago de aguinaldos y otras prestaciones establecidas en el Código del Trabajo.
También preocupa la violencia que rodea a este gremio. En algunos casos, guardias de seguridad aparecen involucrados como sospechosos en hechos criminales; sin embargo, en numerosos incidentes son víctimas de la delincuencia mientras desempeñan sus funciones.
Cuando ocurre el fallecimiento de un trabajador, familiares denuncian que algunas empresas únicamente entregan una ayuda económica que, en ciertos casos, no supera los 10,000 lempiras o cubren únicamente los gastos fúnebres. Asimismo, sostienen que no todas las aproximadamente 800 empresas del rubro cumplen con las obligaciones laborales correspondientes, afirmaciones que deben ser respaldadas con datos oficiales o investigaciones documentadas. Según las leyes laborales del país, todo trabajador debe cumplir con su jornada laboral oficial, que es de ocho horas al día, y el resto de tiempo de trabajo son horas extras con derecho a pago.
Sin embargo, son numerosos los trabajadores que aseguran que en numerosas empresas las jornadas alcanzan las 24 horas continuas. Ante esta realidad surge la interrogante a la "conciencia" de los propietarios de estas empresas de seguridad: ¿Han probado trabajar 24 horas al día?
Los guardias afirman que durante esas extensas jornadas deben enfrentar hambre, sed, falta de descanso, agotamiento físico y emocional, además de malos tratos. Sostienen que estas condiciones persisten sin una supervisión efectiva de las autoridades competentes, pese a tratarse de un problema que afecta a miles de trabajadores en un país llamado Honduras.
