Ahora resulta que los mismos gobiernos e influyentes de talante paradictatorial —los que callaron, relativizaron o negociaron con la tragedia— vienen a rasgarse las vestiduras porque, según ellos, “se transgredió el derecho internacional” con la acción de rescate ejecutada por el Presidente Donald J. Trump en Venezuela: una decisión firme, excepcional y necesaria, que respondió al clamor de un pueblo indefenso que llevaba años pidiendo, a gritos, lo que el sistema internacional se negó a hacer.
¿De qué derecho internacional hablan, exactamente? ¿Del que no hizo nada mientras Venezuela se convirtió en un matadero administrativo? ¿Del que no detuvo 36.800 víctimas de torturas, ni 10.000 ejecuciones extrajudiciales, ni 18.305 presos políticos? ¿Del que contempló a más del 90% del país hundido en la pobreza, con hospitales sin insumos, niños desnutridos buscando comida en la basura, y más de 9 millones de venezolanos expulsados de su patria como migrantes forzados?
Ese “derecho internacional” —cuando era para proteger a las víctimas— se volvió lento, cobarde, burocrático. Pero cuando es para proteger al verdugo, aparece súbito, elocuente, indignado, impecable. Esa no es defensa del Derecho: es defensa de la impunidad.
Llevo 24 años en el exilio. He visto cómo la palabra “soberanía” fue convertida en coartada, usada como una sábana para encubrir un Estado capturado por economías criminales y por una constelación de actores que desbordan lo doméstico y entran en el terreno de la amenaza transnacional: no solo un narco-Estado, sino un poder político degradado hasta operar con vínculos y funcionalidades de terrorismo, en el sentido más concreto del término, allí donde estructuras criminales de alcance regional —como el Tren de Aragua, formalmente tratado por los Estados Unidos como organización terrorista— pasan de ser delincuencia a convertirse en instrumento de dominio, expansión y miedo.
He visto cómo se normalizó la tortura, cómo se administró el terror cotidiano como método de gobierno, cómo se convirtió el hambre en dispositivo de control social, y cómo se pretendió llamar “orden” a la ruina moral y material de un país. Y ahora pretenden dar lecciones desde el mismo silencio que, por años, no solo acompañó la tragedia: la prolongó.
Si el “derecho internacional” que hoy invocan a los cuatro vientos solo sirve para proteger al verdugo —y jamás lo esgrimieron para amparar a las víctimas—, entonces no estamos ante Derecho: estamos ante un artificio, una máscara de impunidad. Y ese artificio no merece respeto: merece ser desmantelado.
