En pleno siglo XXI, la menstruación sigue siendo un tabú. En mi experiencia como docente universitaria he presenciado cómo dicho tabú dicta el comportamiento de varias estudiantes y colegas, desde el susurro cargado de vergüenza preguntando... “¿por casualidad anda una toalla sanitaria?”, “¿me da permiso de ir al baño, es que ando con el periodo”?, hasta las ausencias justificadas con timidez “ayer no asistí porque me vino el periodo y me sentía mal” o “ando con la menstruación y no me siento bien”... Ver cómo esconden con urgencia un producto de higiene (toalla sanitaria) camino al baño me hace reflexionar: ¿cuánto de esa vergüenza no solo es social, sino efecto de la carencia de recursos económicos?
Esa timidez refleja una sociedad que ha excluido totalmente de la agenda pública un tema que va más allá de una condición natural de las mujeres: el tema de salud menstrual es un derecho básico. Cuando una estudiante -o una mujer en general- falta a sus labores por el menoscabo de sus condiciones materiales y/o productos dignos, bien sea para la protección o el dolor, estamos ante la pobreza menstrual.
Este problema no es un hecho aislado, sino es parte del engranaje de desigualdad económica.
En un país donde las condiciones de las mujeres son más difíciles en comparación a los hombres: la brecha de género es de 72.6%, 2 puntos porcentuales por debajo de la media regional, con una desigualdad marcada en la participación laboral: 76.4% de los hombres y un 43.1% de mujeres, en este sentido, se observa una de las mayores brechas en contra de las mujeres, a saber, 33%. La Tasa de Desocupación (TD) de 6.8%, superando en 3.1% a los hombres, una brecha de ingresos menor de 1,038 lempiras en cotejo a los hombres.
Esta precariedad se agudiza al comprender que la economía del cuidado recae mayormente sobre las mujeres, quienes históricamente hemos gestionado el bienestar del hogar, muchas veces sobreponiendo la salud.
Aunado a lo anterior, datos de la Cepal indican que las mujeres en Honduras laboran 31 horas semanales más sin remuneración, labor que se complica cuando aparece el ciclo menstrual, generando mayores cargas en el trabajo reproductivo.
En un contexto donde las condiciones económicas de país no son las mejores, e indicadores como la inflación generan presión en los bolsillos de las familias, la canasta básica alimentaria es lo primordial, por lo que los productos de higiene menstrual suelen ser secundarios o desplazados.
Actualmente, el precio de un paquete de toallas sanitarias de 10 unidades es de entre 40 y 90 lempiras; para una mujer de la economía informal, que gana entre 200 a 300 lempiras diarios, o aquella que obtiene el salario mínimo, ese monto fácilmente equivale a dos libras de frijoles o media docena de huevos, lo que la coloca en un dilema: comer o ver de qué forma gestiona su ciclo menstrual sin tener que incurrir en costos de productos como toallas sanitarias.
Posiblemente, muchas utilizan productos sustitutos precarios como trapos, papel higiénico, entre otros.
Vale la pena mencionar que en el mercado se encuentran alternativas de bajo costo, toallas sanitarias hasta de 20 lempiras el paquete, sin embargo, ponen en detrimento la calidad y muchas provocan menos absorción, irritación, alergias por los materiales sintéticos. Por lo tanto, al no ser considerados alimentos, estos productos no siempre gozan de controles de precios, lo que hace vulnerables a las fluctuaciones de mercado.
Pese a que ha habido iniciativas legislativas como la Ley de Protección de la Salud Menstrual, presentada ante el Congreso Nacional de Honduras el 15 de marzo del 2023 por una diputada del Partido Libertad y Refundación, esta fue prácticamente ignorada por la mayoría del pleno.
Ese desinterés legislativo es una de las mayores pruebas de que el tabú no solo está en los pasillos o aulas de clases de la universidad, sino en el órgano máximo donde se toman las decisiones del país.
También podría interpretarse como violencia simbólica, pues no hay que olvidar que las mujeres históricamente en el Congreso Nacional han sido minoría, y quizá por eso es insignificante el tema para los hombres.
Invisibilizar la problemática y los mecanismos para reducirla en esencia evidencian que la brecha de género y la desigualdad económica de las mujeres no son prioridad en la agenda política independientemente del Gobierno de turno.
