En Honduras, cerca de 100,000 personas tienen 80 años o más. Muchas de ellas viven con recursos muy limitados, en condiciones de pobreza extrema y, sobre todo, sin acceso a una pensión contributiva que les garantice ingresos regulares. Para apoyarles se propone un compromiso del Estado de un pago mensual de L3,000 (alrededor de 121 dólares) dirigido exclusivamente a quienes han cumplido 80 años y no reciben ninguna otra pensión formal. Se trataría de una ayuda focalizada, diseñada para aliviar las necesidades básicas de las personas más longevas y vulnerables del país.
Con el paso de los años, las personas mayores suelen enfrentarse a mayores gastos médicos, requieren dietas especiales, medicinas y, en muchos casos, cuidados adicionales. Al mismo tiempo, sus oportunidades de generar ingresos se reducen prácticamente a cero.
Para miles de hondureños de 80 años en adelante, la única alternativa es depender de hijos, nietos o familiares que, a su vez, suelen tener ingresos bajos e inestables. Una pensión suplementaria, aunque no resuelve todos los problemas, representa un respaldo fijo que les da dignidad y autonomía en la etapa más frágil de la vida. Aunque en Honduras aún no existe un programa de este tipo, la experiencia internacional demuestra que estos apoyos tienen un impacto positivo. En México, por ejemplo, el Gobierno entrega desde hace años una pensión mensual a todos los mayores de 65 años, y diversos estudios han confirmado que esta ayuda reduce significativamente la pobreza extrema en la vejez y mejora el acceso a alimentación y servicios de salud. En Bolivia, un programa similar beneficia a todos los mayores de 60 años.
Más allá de reducir la pobreza, una pensión suplementaria también contribuye a prevenir otros gastos sociales y médicos. Al tener recursos para comprar medicinas básicas o pagar una consulta privada de bajo costo, las personas mayores pueden evitar complicaciones que terminarían en internamientos hospitalarios, mucho más costosos para el Estado. Asimismo, una mejor alimentación disminuye el riesgo de enfermedades relacionadas con la desnutrición o la falta de vitaminas. De este modo, la pensión actúa como una inversión preventiva, reduciendo la presión sobre hospitales públicos y programas de salud.
