Con mucha frecuencia, los personeros de la oposición, algunos militares en retiro, otros egresados del Colegio de la Defensa Nacional y políticos han emprendido ataques en contra del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Le atribuyen estar politizado porque obedece las órdenes giradas por la presidenta de la república.
Los hay -y son muchos- que hacen velados llamados a que los militares intervengan y despojen al presidente de la investidura que le concedió el pueblo en elecciones legales, instigando, de manera ilegal y por supuesto cometiendo un delito, a que dirijan un golpe de Estado en contra de las autoridades legítimas del Ejecutivo.
Sorprende grandemente ese afán desestabilizador del orden público, a pesar de que venimos saliendo de una pesadilla que duró 12 años y que condujo a Honduras al repudio por gran parte de los Gobiernos de los Estados que constituyen la Asamblea General de las Naciones Unidas, sometiéndonos a un aislamiento casi total que incidió severamente en la casi absoluta paralización del desarrollo nacional, a la corrupción desmedida y que el Estado cayera en manos de las bandas del narcotráfico que nos condujeron al aumento de la delincuencia y la criminalidad ligada al tráfico de drogas impulsado desde la Presidencia con el contubernio de altos funcionarios públicos y algunos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Una experiencia amarga ocurrió en 1963, cuando los militares derrocaron al presidente Villeda Morales, mediante un putch sanguinario que produjo la usurpación por 20 años, con un florecimiento de la corrupción y la represión en contra del pueblo. Álvarez Martínez suplantó la autoridad del presidente y cometió horrorosos crímenes.
Sentemos un precedente aleccionador para que nadie, en el futuro, se atreva a patrocinar y ejecutar un golpe de Estado. Procesemos a quienes patrocinaron y ejecutaron el golpe de 2009: Romeo Vásquez Velásquez, Micheletti, más otros también sujetos en el sanguinario acto de irrespetar la Constitución.
He escuchado y leído con detención las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto. Por lo que dice se le ha calumniado y vilipendiado por dos razones: porque no se pliega a los deseos de muchos para que protagonice otro golpe de Estado y porque quisieran que el subordinado militar se rebele contra la presidente constitucional e irrespete el mandato que le da la Constitución en su artículo 277: El Presidente de la República ejercerá el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General conforme a esta Constitución, a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes aplicables.
El pueblo en las urnas no eligió al jefe del Estado Mayor Conjunto. Ni a los candidatos perdedores. El pueblo escogió a doña Xiomara para un período constitucional de cuatro años. Por tanto, no corresponde a estos personajes ni a los personeros de la oposición o militares en retiro tumbar a la presidenta por el solo antojo de las apetencias políticas de la oposición vencida en las urnas. Por eso, es un error garrafal que en la Constitución haya un mandato para las Fuerzas Armadas que los manda a velar por “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República”: que aprovecharon los militares golpistas de antaño para cometer sus fechorías. El artículo debe ser reformado y los mismos militares deben promover cambiarlo para que los politiqueros no les induzcan a romper la Constitución para satisfacer las ambiciones de muchos antipatriotas.
Yo me felicito porque, al parecer, los militares por fin han entendido cuál es su verdadera función: velar por la soberanía nacional y la integridad territorial (que conste que no dijeron ni pío cuando se aprobaron las zede y su omisión fue un franco acto de traición a Honduras). Es también su tarea asegurar el libre sufragio asistiendo al Consejo Nacional Electoral, pero igual deben velar por la paz pública, y colaborar con la Policía Nacional en el combate de la delincuencia organizada.
Nadie les autoriza a intervenir para decidir si el presidente electo por el pueblo está haciendo mal su papel porque el pueblo que lo eligió es quien debe juzgarlo y castigarlo si se comprueba que ha cometido ilegalidades. Las figuras del plebiscito y el referendo sirven para que el pueblo, el auténtico soberano, tome las decisiones que le corresponden.
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