En lo que va del año, Honduras enfrenta nuevamente la encrucijada de las masacres. Este repunte de los homicidios múltiples y el crecimiento de muertes violentas de mujeres y feminicidios continúan tiñendo de sangre al país. Los datos oficiales del Observatorio de la Violencia en Honduras de la Unah reportan que a finales de mayo al menos 11 masacres han dejado aproximadamente 66 personas fallecidas; en cuanto a muertes de mujeres, el Centro de Derecho de Mujeres (CDM) constata al menos 87 víctimas. Sin embargo, detrás de cada homicidio múltiple y de los alarmantes feminicidios que descabezan a los hogares existen impactos que no se logran medir en las estadísticas de las morgues ni en los comunicados oficiales, sino en la realidad de esos hogares mutilados.
En este contexto, la violencia no debe analizarse únicamente como una falla aislada del sistema operativo de justicia y seguridad.
Al examinar nuestro pasado reciente es posible interpretar que la violencia opera como un mecanismo de acumulación de capital por parte de las élites delictivas que se agencia recursos generando miedo y destruyendo los entornos económicos más vulnerables.
Ante los recientes acontecimientos en Trujillo, Colón, y Corinto, Cortés, resulta insostenible seguir argumentando que el problema obedece a simples “ajustes de cuenta entre estructuras criminales”. Esta dinámica coincide, más bien, con una reconfiguración del poder político y la falta de funcionalidad por parte de los operadores de justicia en el país.
Así, las masacres envían un poderoso mensaje, pues actúan como mecanismos drásticos de control territorial y social, provocando un impacto económico directo que estrangula la economía de subsistencia que caracteriza nuestro país.
Desde una mirada de economía política, las masacres no son hechos aislados al mercado o a la economía, fungen como un impuesto invisible y violento que incide en los costos de operación y de transacciones de las comunidades más vulnerables.
Cuando un homicidio colectivo irrumpe el día a día de una comunidad se imponen medidas como toques de queda, generando mayor miedo.
Para muchas de estas comunidades, la informalidad es el pan diario, el tiempo del jornalero se reduce, las ventas en el patio de la casa se cierran debido al terror y los ingresos se contraen drásticamente.
A su vez, es importante destacar que las zonas donde han ocurrido los últimos acontecimientos violentos tampoco es mera casualidad, pues corresponden a lugares estratégicos de la economía legal e ilegal, hablamos de corredores logísticos e internacionales como Cortés y zonas costeras con alta plusvalía, áreas fronterizas con escasa presencia policial e históricamente caracterizadas por disputas de tierras y recursos naturales. Por lo tanto, a nivel de economía local el impacto es devastador, pues la imposición del miedo paraliza el comercio y otras actividades económicas que dinamizan las zonas.
A nivel macro, estos sucesos impactan de forma negativa. Al ser regiones afectadas, motores claves de producción nacional, la proliferación de masacres genera un profundo desincentivo a la inversión privada y local, afectando colateralmente la tan anhelada inversión extranjera directa, la cual no logra despegar aún.
Al pasar de una mirada macro hacia la economía de los hogares, sin duda las masacres provocan daños financieros irreversibles, la pérdida de uno o varios miembros del hogar (como lo vimos en la comunidad de Rigores), sumada al ensañamiento de los feminicidios, no solo se destruye el tejido afectivo, sino que desarma el sustento económico familiar, generando mayores niveles de pobreza y forzando el desplazamiento o la migración como única vía de escape.
El repunte de las masacres y los feminicidios en el país no puede seguir siendo interpretado como fallos colaterales del sistema, mucho menos normalizarlos como parte de la cotidianidad, pues la periodicidad de estos sucesos no nos permiten ni siquiera procesar un hecho violento cuando prácticamente el mismo día se ejecuta otro acontecimiento de igual o peor magnitud.
Lo que vivimos actualmente es la manifestación mas violenta de un sistema donde el territorio y la vida se han reducido a la disputa en calidad de mercancías.
El papel de los entes de justicia queda en entredicho cuando la impunidad permite que el miedo actúe como regulador en los mercados y a la vez como un mecanismo de despojo. Mientras el Gobierno considere que el problema se resolverá incrementando los recursos en el presupuesto en más de 3,000 millones de lempiras entre Seguridad y Defensa en un solo año, seguirá botando el dinero y ejecutando acciones cosméticas.
El problema de la violencia es complejo y es todo un desafío que exige el desmantelamiento del engranaje que cuida el capital ensangrentado; asimismo, recuperar la confianza de una institucionalidad con escasa credibilidad ante la ciudadanía, que lo único que anhela es paz y justicia.
