En el mapa del mundo, los Emiratos Árabes Unidos parecen una joya de dinero y sol, una federación pequeña que habla el idioma de la innovación y los rascacielos. Pero cuando uno mira hacia Sudán, esa joya proyecta una sombra, y la sombra tiene forma de fusiles, de oro que viaja en silencio, de decisiones tomadas por monarcas que no rinden cuentas ante urnas ni contrapesos reales.
Conviene recordar quién manda allí. Los Emiratos son una federación de siete monarquías hereditarias, donde el poder efectivo reside en los jeques y, por tradición, el presidente proviene de Abu Dabi. Hoy, ese centro de gravedad es Mohamed bin Zayed Al Nahyan, arquitecto de una política exterior asertiva. Esa estructura, con poder concentrado y debate público limitado, facilita la velocidad y la discreción, dos virtudes para quien quiere influir fuera sin explicar demasiado dentro.
¿Y qué tiene que ver esto con la guerra sudanesa, una de las más atroces de nuestro tiempo? Desde abril de 2023, Sudán se desangra en una lucha entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF. Organismos internacionales describen el conflicto como una catástrofe humanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha llegado a llamarla la peor crisis humanitaria y sanitaria del mundo, con decenas de millones necesitando asistencia.
En ese paisaje, el nombre de Abu Dabi aparece una y otra vez. El Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Sudán documentó violaciones al embargo de armas en Darfur y dejó constancia de su preocupación por redes que alimentan a actores armados en el conflicto. Informes posteriores del mismo mecanismo describen patrones graves de violencia y abusos en el terreno, mientras el debate sobre el papel de actores externos se vuelve más áspero. Los Emiratos niegan que estén armando a las RSF y afirman que su papel es humanitario, pero la controversia persiste, y ya no es un murmullo de analistas, sino un tema que fractura diplomacias.
La pieza más oscura del rompecabezas es el dinero que nace del subsuelo. Sudán es rico en oro, y en una guerra así el oro compra armas, paga lealtades, sostiene mandos. Cuando el metal se mueve sin trazabilidad suficiente, la riqueza se vuelve pólvora - no importa si cruza fronteras como mercancía o como botín, el efecto final puede ser el mismo, prolongar la capacidad de matar y resistir.
No es casual que, en marzo de 2025, Sudán llevara a los Emiratos ante la Corte Internacional de Justicia, alegando violaciones de obligaciones vinculadas a la Convención contra el Genocidio en relación con la violencia en Darfur. Un Estado acusa a otro ante el tribunal más alto del sistema internacional, y esa sola decisión nos dice que el conflicto ya no es solo interno, sino que tiene tentáculos, patrocinadores, rutas e intereses.
Aquí, la columna deja de ser geopolítica y se vuelve humana. Cuando un país es gobernado por monarcas sin fiscalización democrática efectiva, la tentación de convertir la política exterior en inversión de poder es enorme. Se gana influencia con contratos, puertos y alianzas. Se asegura acceso a recursos. Y el costo lo pagan los sudaneses que huyen, los niños que no comen y las mujeres que cargan la violencia.
Los defensores de Abu Dabi dirán que otros también intervienen y que la región entera es un tablero sucio. Puede ser. Pero la pregunta es más simple, y más cristiana en su fondo: ¿qué significa para el mundo que decisiones capaces de alimentar una guerra se tomen en salas cerradas, sin debate público y sin rendición de cuentas?
Sudán nos está mostrando que el poder sin veeduría tiende a volverse impune. Y la impunidad, cuando se mezcla con oro y con armas, se convierte en un río oscuro que atraviesa fronteras. Si queremos hablar de paz, no basta con pedir alto al fuego. Hay que iluminar las rutas del dinero, los puentes del armamento y la responsabilidad de quienes mueven esas piezas desde tronos relucientes.
