En el análisis del contexto económico y financiero de Honduras, el flujo de remesas ocupa un lugar de suma relevancia, pues desde la narrativa oficial y la percepción pública se ha gestado una peligrosa normalización de su rol dentro del engranaje social.
Las autoridades monetarias, lejos de cuestionar el fenómeno, cifran sus esperanzas en estas divisas e institucionalizan su presencia al incluirlas formalmente como un pilar fundamental dentro de los programas monetarios del país.
Este aumento sostenido en la última década ha posicionado el dinero de nuestros hermanos migrantes en el salvavidas ficticio sobre el cual descansa la estabilidad macroeconómica. No obstante, al analizarlo desde otra mirada, se encuentran contradicciones conceptuales, pues se ha normalizado la dependencia estructural de las remesas hasta convertirlas en el pilar fundamental del modelo económico hondureño.
Datos del Banco Central de Honduras indican que, en 14 años, el crecimiento anual compuesto de las remesas ha sido variante, pero con mayores tendencias al alza, aproximadamente del 11.16%, y un incremento total acumulado de al menos un 342% al cierre de 2025.
Las variaciones más drásticas se observan entre el período 2016-2019, donde estas alcanzaron más de dos dígitos: 12%; el efecto pospandemia también muestra un punto de inflexión y dichas remesas crecieron a un ritmo del 28 %.
A finales de 2025, estas alcanzaron los $12,312.03 millones, un crecimiento considerable del 25.34%. Esta evolución nos posiciona, a nivel de Latinoamérica, como el país número uno cuyo Producto Interno Bruto depende aproximadamente en un 30 % de las remesas; a su vez, ostentamos el cuarto lugar entre los países que reciben mayores flujos de remesas familiares.
Es importante destacar que, si bien es cierto que países como México, Colombia y Guatemala reciben mayores flujos de dinero por este concepto, la relación remesa/PIB es mucho menor en comparación con Honduras. En el caso de México, que recibe más de $61,000 millones, dicha relación es de apenas 3.3%.
Estas cifras estadísticas han generado la ilusión de que el dinero de los migrantes es el motor de desarrollo del país, confundiendo el síntoma con la solución.
Hay que aclarar que las remesas no son resultados de un sistema productivo exitoso o de políticas públicas que han generado condiciones de trabajos dignos; es, por el contrario, la prueba fehaciente de la incapacidad de un Estado que ha aplicado medidas económicas para beneficiar a un grupo reducido de empresas y personas, pero, sobre todo, complaciente con organismos financieros internacionales que, pese a las robustas cantidades de recursos inyectados a nuestra economía, estos aún no rinden los resultados esperados.
Por cada dólar que ingresa bajo esta vía, la contraparte financiera es la expulsión social.
Esta normalización esconde una lógica matemática hasta cierto punto perversa, pues, al tomar las remesas como una masa de liquidez que amortigua y/o solventa a miles de hogares hondureños, mediante su contribución al consumo privado, estas sirven como un subsidio externo e involuntario del mismo modelo económico.
Las remesas y la migración han generado cierto acomodo del Estado, ya que este se libera de responsabilidades en atención social, como salud, vivienda y educación, entre otros; también se ahorra costos en reproducción de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, triunfalmente, las remesas figuran dentro de los indicadores macroeconómicos validados por los mismos OFIS, quienes destacan el “buen comportamiento económico del país”.
Desde la óptica de la economía política, este esquema no genera acumulación ni desarrollo; tal como se menciona anteriormente, la mayoría de los recursos se destinan al consumo y el dinero que ingresa es para garantizar la subsistencia de los hogares receptores, pero estos dólares se quedan diluidos entre los canalizadores de remesas, contribuyendo significativamente a su rentabilidad en términos de comisiones y diferenciales cambiarios.
La naturalización de las remesas por parte de las autoridades gubernamentales presentes y anteriores radica en el efecto anestésico macroeconómico que genera.
Alardear que el país tiene Reservas Internacionales Netas (RIN) para más de 6.7 meses de importación, o que el mercado cambiario es estable y permite contribuir a la recaudación fiscal vía impuestos al consumo con el ISV, sin reestructurar la base de contribuyentes, es una ofensa al sacrificio de los hermanos migrantes.
Se ha asumido que la migración es un fenómeno económico y no una tragedia humana; prácticamente, es la política de empleo más eficiente del Estado.
Normalizar las remesas es aceptar el fracaso de un modelo económico que, lejos de generar prosperidad a su población, ha forjado la expulsión de miles de compatriotas.
Seguir vanagloriando que estos flujos de dinero son el pilar macroeconómico es insostenible, pues estamos a expensas de cualquier situación externa en los países receptores; a su vez, es éticamente inaceptable.
Mientras los gobiernos continúen celebrando las divisas por remesas familiares como trofeos de gestión, en lugar de asumirlas como indicadores de fracaso social, el país seguirá condenado a exportar personas para garantizar dichas divisas.
