Honduras inicia el año 2026 con la salida de un Gobierno y el ingreso de una nueva administración, la cual recibirá una economía con indicadores macroeconómicos y solvencia fiscal relativamente estables, tales como crecimiento económico controlado en más del 3.5%, reducción del déficit fiscal de al menos 2.5% en relación con el PIB, eficiencia en la recaudación fiscal (datos del SAR indican que para el primer semestre del año 2025 se recaudaron más de 53,000 millones de lempiras); asimismo, mejora en la gestión de la deuda pública respecto al PIB del 45%, control inflacionario, a pesar del contexto global. Favorecidos activos de reservas en máximos históricos de más de 10,000 millones de dólares, el auge de las transferencias por remesas, espacio fiscal y presupuesto robusto, el cual proyecta ingresos totales superiores a los 279,000 millones de lempiras. A esto se le suma un sistema financiero sólido que posee niveles de liquidez bancaria de al menos 169,000 millones de lempiras, lo que asegura la disponibilidad del crédito, todos estos se convierten en factores que permitirán un margen de maniobra financiera a las nuevas autoridades del país.
Sin embargo, en este contexto persisten desafíos estructurales que deberán ser afrontados por la nueva administración, el primer reto será aprobar el presupuesto para el año fiscal 2026, y más allá de esa proyección de 469,249 millones de lempiras prevalece la revisión y redistribución de líneas presupuestarias que históricamente han asfixiado dicho presupuesto, ya que el gasto corriente y el pago por servicio de deuda limitan en alguna medida la inversión pública productiva, sobre todo en un lenguaje técnico sería aminorar la rigidez presupuestaria prevaleciente. A esto se le suma la tarea de mejorar los niveles de ejecución presupuestaria a más del 90%, por lo que es necesario reducir los niveles de burocracia y fortalecer capacidades técnicas de los funcionarios.
Otro de los pendientes es el diseño de una estrategia efectiva que amortigüe la dependencia de la deuda pública, ya que esta se ha convertido en un círculo vicioso donde al menos el 26% del presupuesto se destina al pago del servicio de la deuda. Visto desde otro ángulo, esto significa la transferencia de recursos desde los sectores productivos y la clase trabajadora que tributa al pago para acreedores financieros. Esa necesidad de financiar en más del 30% el presupuesto mediante endeudamiento vía préstamos y colocación de títulos valores genera mayores niveles de dependencia estructural, lo que incide en políticas públicas que en muchas ocasiones se supeditan a las exigencias y/o condicionalidades de los OFI’s.
La reforma al sistema fiscal del país también requiere un abordaje urgente, la falta de consensos entre las diferentes bancadas generó la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, por lo que el nuevo Gobierno enfrenta un escenario con presión tributaria y, pese a que la recaudación fiscal mejoró derivada del combate de la evasión y modernización administrativa, dicha recaudación es aún insuficiente en términos de ingresos y cobertura del gasto social. Indiscutiblemente será menester revisar el gasto tributario como exoneraciones y beneficios fiscales, a la vez explorar la viabilidad a la adaptación de modelos tributarios globales que generen mayor redistribución.
Otro de los desafíos es seguir mejorando la inclusión financiera, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) logró implementar una estrategia de inclusión y educación financiera; no obstante, los retos aún son grandes, el país tiene niveles de bancarización medidos a través del crédito aún bajos, ya que solamente el 13% de la población en edad de trabajar tuvo acceso a recursos financieros en el año 2025.
En ese sentido, es importante dar continuidad al reposicionamiento del papel de la banca estatal, por lo que Banhprovi y Banadesa deben seguir operando como mecanismos que corrijan fallos del mercado que generen una oferta crediticia para grupos excluidos del sistema financiero formal. Por lo que actividades económicas como agropecuario, de granos básicos, pequeños productores, principalmente, Mipyme informal, vivienda de interés social sin subsidio estatal, pequeños emprendimientos de innovación y tecnología donde los activos son intangibles, deben colocarse dentro de esa agenda crediticia.
Continúa pendiente el mejoramiento del financiamiento para mujeres y jóvenes, las estadísticas evidencian que aún persiste la brecha de género, donde las mujeres tienen menor acceso al crédito, mayores tasas de interés, pese a presentar menores niveles de morosidad.
En última instancia, la agenda financiera del país es grande, y esta no debe analizarse como un listado de reformas técnicas, sino más bien como la necesidad de la reivindicación de una entidad política que ha tenido múltiples oportunidades de mejorar las condiciones de país, obteniendo pocos resultados, por lo tanto se requiere un nuevo contrato social que evidencie la voluntad política de implementar verdaderas reformas diseñadas para favorecer a la mayoría de los hondureños.
