El pasado 23 de septiembre estalló el escándalo de corrupción en la municipalidad sampedrana, siendo capturados nueve funcionarios acusados de estar implicados en un fraude de 45.5 millones de lempiras, y el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada de Medio Ambiente y Corrupción les dictó detención judicial.
Según la acusación, entre julio de 2023 y abril de 2024, los investigados suscribieron 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora Hercod S. de R.L. destinados al mejoramiento vial.
Los señalados: Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega; Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno del alcalde Roberto Contreras); Josué Fajardo Hernández (tío de Fajardo Vargas); José Juárez Pereira; Henry Geovanny Guzmán Girón; Andrea Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales.
Los acusados deberán cumplir la medida en el Centro Penal de Támara, mientras continúa el proceso en su contra por los delitos relacionados con el desfalco de fondos públicos.
El alcalde sampedrano, Roberto Contreras, muy molesto, asegura que todo esto se trata de una “persecución política” y que andan buscando diablos donde no los hay, y dijo que no necesita ayuda de nadie. Aunque el pasado miércoles reunió a miles de sus simpatizantes para protestar sobre esta denuncia de corrupción.
En Honduras, el principio de presunción de inocencia establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo, conforme a las leyes. Este derecho está consagrado en el Artículo 2 del Código Procesal Penal hondureño y es fundamental para garantizar un proceso penal equitativo y proteger el derecho humano a la defensa.
El fiscal Zelaya afirmó que tiene pruebas contundentes sobre este caso denunciado sobre esta corrupción y afirmó que no se irá de su cargo sin antes hacer historia de aplicación de la ley con equidad en un país llamado Honduras.
