Enero de 2026 es un mes especial para Honduras, en primera instancia se conmemora el Día de la Mujer, más de 70 años de celebración del voto femenino en igualdad de condiciones. Pese a eso, el día destinado para dicha celebración se ha romantizado mediante la entrega de obsequios, reduciendo el papel de la mujer y naturalizando el sacrificio de estas en la sociedad, invisibilizando los retos verdaderamente estructurales que enfrentamos. Por lo que, detrás del festejo, aún prevalece el derecho a elegir y muy poco a decidir ya que esta se encuentra coartada por las condiciones materiales políticas.
En este mismo contexto, se instaura un nuevo gobierno, lo cual se convierte en el escenario propicio para reflexionar sobre el abordaje que harán las nuevas autoridades para saldar la deuda histórica hacia las mujeres. En un país donde la desigualdad prevalece y competimos en los primeros cinco lugares con otros países de América Latina en desigualdad, con un coeficiente Gini de 0.482, la situación de las mujeres es aún más compleja. El índice de feminidad de pobreza evidencia que por cada cien hombres en hogares pobres hay 120 mujeres. Donde la participación en el mercado laboral es de 50.9%, 32.4 puntos menos en comparación con los hombres, con una brecha de ingresos de al menos 34%.
Este punto es sumamente importante pues datos de la ENIGH recién socializada evidencian que entre menos es el nivel educativo mayor es la brecha de ingreso. Y si hablamos de desocupación, la situación sigue siendo desigual, dado que hay más mujeres con problemas de este tipo. Datos del INE estiman que al menos un 6.8% de estas no tienen trabajo remunerado, mientras los hombres solamente un 3.7% se encuentran sin empleo, si se analiza en términos relativos, el desempleo afecta un 83.8% más a las mujeres que a los hombres, esto no solamente es una cuestión de números o simples fluctuaciones naturales del mercado, en realidad esta es una de las principales barreras estructurales que limita el acceso al trabajo femenino remunerado.
Desde otra perspectiva, estos indicadores exponen la verdadera situación de la mujer en el país ya que develan la incapacidad de un sistema que no logra dimensionar cuantitativa y cualitativamente la contribución de estas a la sociedad a través de cuentas nacionales. En otros escritos he tenido la oportunidad de exponer como un sistema patriarcal y las relaciones de poder imposibilitan una mejora entre la condición y la posición de la mujer debido a que históricamente se han asignado roles que nos mantienen dentro de esas condiciones de desigualdad, desempeñando actividades de la economía del cuidado sin remuneración, justamente por las barreras antes mencionadas.
Sin embargo, no se pueden desconocer las conquistas y logros de las diferentes luchas a través del tiempo, como la de 1955 y el derecho al voto de las mujeres. El incremento y transición de las cuotas mínimas en política a una de paridad con alternancia, al pasar del 30, 40 y 50 por ciento según la Ley Electoral, donde la normativa indica que los puestos políticos deberían estar integrados de manera equitativa entre hombres y mujeres 50/50, pero la realidad es otra. Actualmente el Congreso Nacional quedó solamente un 28% integrado por mujeres y a nivel local la situación es peor, pues la participación a las alcaldías es apenas de un 6%, no obstante, el problema grave no es este, sino la esterilidad de esa representación dentro de las estructuras de mando, la participación de las mujeres en cargos públicos no ha logrado trascender hacia la incidencia en políticas públicas con enfoque de género que reformen las verdaderas causas estructurales de desigualdad de la mujer, siendo muchas veces víctimas de violencia política con pocas posibilidades de apoyar al resto de las mujeres en peores condiciones.
Desde los movimientos de mujeres, feministas y otras organizaciones prevalecen demandas por la reivindicación de una agenda justa, que en materia legal apuesten por un sistema nacional de cuidados, un aparato judicial con las competencias para prevenir femicidios, normativas que disminuyan drásticamente la impunidad en casos de violencia de género en todas sus expresiones, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos como la plena autonomía reproductiva.
De cara a este escenario, la interrogante es si el nuevo gobierno trascenderá de una narrativa retórica que históricamente se le ha colocado nombre de “mujer”, enlistando una serie de promesas en pro de estas, creando y/o reformando secretarías y programas, pero con pocos resultados.
De hecho, aún no se aprueba el Presupuesto General de la República año fiscal 2026, y en ese proceso de revisión y ajuste, los nuevos parlamentarios pudiesen fortalecer el “marcaje de género” destinando mayores recursos a las instituciones insignes que rectoran las políticas públicas para mujeres.
Definitivamente el país no necesita más romanticismo en torno a las festividades y el engaño en cuanto al incremento de participación en espacios importantes que no es más que simbólica, lo importante es obtener poder real y efectivo respaldado por autonomía económica y justicia frente las estructuras patriarcales.
