En estos años de bombardeos, sanciones y discursos rimbombantes sobre “cambiar regímenes” hay un silencio que pesa, el de Nicaragua. Mientras Cuba y Venezuela son mencionadas una y otra vez en los pasillos del poder estadounidense, Nicaragua parece existir como un susurro geopolítico que no alcanza los titulares principales. Eso no es casualidad histórica, es una combinación de geografía, intereses materiales y una lógica internacional que elude lo humanitario y prioriza lo estratégico.
La historia reciente de Nicaragua bajo Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, es la historia de cómo un proyecto político con raíces en la revolución sandinista ha ido erosionando sistemáticamente la democracia interna, mientras se presenta como un baluarte contra la hegemonía estadounidense.
Ortega y Murillo han reforzado el aparato de control estatal, han suprimido derechos ciudadanos y han transformado instituciones en instrumentos de un poder cada vez más personal. Sin embargo, cuando Donald Trump bombardea países como Yemen, Siria o apoya presión contra Cuba y Venezuela, Nicaragua apenas aparece. La razón no es que no existan abusos o problemas democráticos, que los hay y documentados, sino que el país carece de los recursos estratégicos que disparan la atención global, como petróleo o rutas comerciales clave.
Además, su ubicación en Centroamérica hace que los debates se diluyan entre crisis migratorias, narcotráfico y prioridades domésticas de los propios Estados Unidos.
A diferencia de Cuba o Venezuela, Nicaragua comparte una enorme dependencia económica con Estados Unidos, incluso bajo un régimen autocrático. Más del 50% de sus exportaciones e importaciones, así como el 80% de las remesas que sostienen a millones de familias provienen de ese país del norte.
Esta dependencia hace más complejo para Trump justificar una intervención basada en intereses estratégicos, pues no hay petróleo, no hay bases militares a proteger y no hay rutas marítimas críticas en juego.
Eso plantea una pregunta brutal - si Trump decide que bombardear dictaduras es una política legítima, ¿por qué Cuba y Venezuela sí y Nicaragua no? ¿Es la ley internacional simplemente un discurso aspiracional, aplicable solo cuando conviene a los intereses de Washington? La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política, salvo en legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad.
Si aceptáramos bombardear Nicaragua solo porque no nos gusta su gobierno, estaríamos aceptando que la ley internacional es papel mojado y que la voluntad de una superpotencia redefine qué países merecen soberanía. Esa no es una defensa de Ortega, sino un cuestionamiento al doble estándar que rige la política global.
Desde América Latina, la discusión debe ser honesta, apoyar intervenciones militares selectivas basadas en simpatías ideológicas no solo viola la ley internacional, sino que nos coloca en la posición moral de súbditos complacientes de un poder mayor, no de ciudadanos de un orden internacional más justo. Si la excusa para bombardear es “defender la democracia”, entonces ¿qué hacemos cuando Nicaragua no tiene recursos que valgan la pena para intereses militares? ¿Ignoramos la represión porque “no es estratégica”?
La respuesta a esa pregunta habla más de nuestra complicidad con el “statu quo” que de una defensa real de los derechos humanos. Y ahí está la contradicción más dolorosa.
El régimen de Ortega ha presionado, expulsado diplomáticos, eliminado derechos, como la doble nacionalidad para oponentes, y ha extendido la represión incluso fuera de sus fronteras contra críticos en el exilio. Pero eso no ha provocado una intervención directa ni un anuncio de cambio de régimen como el que se profesa para otros países. La diferencia, en términos crudos, parece radicar en la ausencia de intereses estratégicos que valgan bombas, no en la ausencia de motivos morales.
Si damos el visto bueno a intervenciones americanas solo cuando coinciden con nuestros prejuicios ideológicos, entonces hemos renunciado a la idea de un derecho internacional universal para abrazar la ley del más fuerte.
