Para la construcción de una economía democrática de mercado, es necesario que la mayoría de la población tenga acceso a poder ahorrar y acumular capital de forma segura y con un buen rendimiento. La capacidad de ahorro repartida en la sociedad es un motor de desarrollo de inmensa capacidad para producir crecimiento futuro y garantía de bienestar y solidez para todos.

Los mecanismos de ahorro que tenemos actualmente se caracterizan por su precariedad (alto riesgo de pérdida), bajo rendimiento o limitación en cuanto a los productos disponibles. Estudiando estos tres aspectos, tanto el estado, las empresas y las instituciones financieras pueden trabajar juntos para brindar mejores condiciones.

El ahorro privado muchas veces tiene un carácter informal, donde la operación es de persona a persona y no está registrada. Puede haber una intención de evadir el fisco (el impuesto del 10% que correspondería) o la legislación de lavado de activos (en algunos casos), pero es primariamente por costumbre apoyada por la dificultad de legalización.

Ninguna forma de ahorro paga tan buen rendimiento, pero el riesgo de perder los depósitos es alto por las mismas condiciones de informalidad. Se deben buscar mecanismos para hacer más fácil registrar estas operaciones, pero si se avanza en las otras áreas se irán volviendo marginales, como en una economía más desarrollada.

El ahorro, tanto en cuentas como a plazos, a través del sistema formal tiene la ventaja de ser mucho más seguro, pero tiene un rendimiento esperado mucho menor. Las instituciones financieras pagan un interés diferenciado basado en el monto y el plazo con una gran penalidad para el pequeño ahorrante, que es precisamente el que tiene menos información financiera y capacidad de cotizar o negociar.