The New York Times
Por: Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz/The New York Times
WASHINGTON — Miles de nuevos agentes de deportación. Duplicar el espacio de detención para albergar a decenas de miles de inmigrantes antes de su expulsión. Kilómetros de nuevo muro fronterizo con torres de vigilancia.
Ese es el plan que los funcionarios de inmigración del Presidente Donald J. Trump pretenden implementar tras meses de escasez de personal y obstáculos logísticos que han obstaculizado su promesa de registrar la mayor cantidad de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Tras semanas de presionar al Congreso para que apoyara su legislación de política nacional, Trump ha conseguido 170 mil millones de dólares para su agenda migratoria. El presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentará de aproximadamente 8 mil millones a aproximadamente 28 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el cuerpo de seguridad con mayor financiamiento del Gobierno estadounidense.
Los nuevos recursos impulsarán una iniciativa para reclutar hasta 10 mil agentes nuevos. Y el dinero llega como caído del cielo para las empresas penitenciarias privadas, que se han apresurado a proponer a la Administración nuevos contratos para administrar los centros de detención.
“Verán una imposición de la ley migratoria a un nivel nunca antes visto”, declaró Tom Homan, el zar fronterizo de Trump.
Los asesores de Trump evaden la pregunta de si podrán cumplir su objetivo de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados este año y a millones más antes de que deje el cargo. Podría llevar meses ampliar los centros de detención y desplegar miles de agentes de inmigración. Algunos ex funcionarios de inmigración advierten que la Administración podría verse presionada a realizar verificaciones de antecedentes y capacitación menos exhaustivas para acelerar el proceso.
“Habrá mucha gente que no es apta para ser agente del orden público”, declaró John Sandweg, director interino de ICE durante la Administración del Presidente Barack Obama. “Creo que los veremos doblando y rompiendo todas las reglas posibles para ponerlos en la calle lo antes posible”.
Homan afirmó que la Administración planeaba actuar con rapidez y responsabilidad.
Detenciones
Una de sus prioridades, afirmó, es ampliar la capacidad de detención. ICE a menudo tiene que retener a inmigrantes durante semanas o incluso meses debido al número limitado de aviones de deportación, la acumulación de casos en los tribunales de inmigración y la inconsistencia en los acuerdos diplomáticos con otros países que aceptan deportados.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió fondos en los últimos años para retener a más de 41 mil inmigrantes, principalmente en instalaciones privadas y algunas cárceles de condado.
La agencia está resintiendo la presión del aumento en las acciones este año, y a principios de este mes tenía detenidos a unos 58 mil inmigrantes, según datos internos.
La nueva ley incluye 45 mil millones para detención, lo que permitirá al ICE ampliar su capacidad a 100 mil camas. Homan dijo esperar alcanzar esa cifra para fines de año.
Los defensores de los inmigrantes afirman que el rápido aumento de las detenciones podría generar condiciones inseguras. Robyn Barnard, directora senior de defensa de los refugiados en Human Rights First, lo calificó como “una inminente calamidad humanitaria”.
Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, refutó cualquier crítica al posible aumento de agentes de ICE. También defendió los estándares de los centros de detención. “ICE es auditado e inspeccionado regularmente por agencias externas para garantizar que todos sus centros cumplan con los estándares nacionales de detención”, declaró.
La Administración también recibirá un aumento de más de 3 mil millones de dólares para los tribunales de inmigración. Pero los expertos en inmigración cuestionan si el financiamiento adicional será suficiente para ayudar a un sistema rebasado por más de 3.5 millones de casos.
Andrea Flores, quien dirigió gestión fronteriza para el Consejo de Seguridad Nacional durante la Administración del Presidente Joseph R. Biden Jr., afirmó que los cambios podrían trastocar el papel de Estados Unidos como santuario.
“Esto formaliza que la política migratoria estadounidense se centra principalmente en la expulsión y la reducción del tamaño de la población inmigrante en Estados Unidos”, declaró. “Es una señal de que el Congreso ha acogido el restriccionismo migratorio y ha convertido la aplicación de la ley en una prioridad nacional”.
Catie Edmondson contribuyó con reportes a este artículo.
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