Por: Edward Wong, Zolan Kanno-Youngs, Hamed Aleaziz y Minho Kim/The New York Times
WASHINGTON — Diplomáticos estadounidenses en varias misiones en el extranjero recibieron un cable urgente de Washington esta primavera. Se les indicó que solicitaran a nueve países de África y Asia Central que recibieran a personas expulsadas de Estados Unidos que no eran ciudadanos de esas naciones, incluyendo a delincuentes.
Fue un vistazo a la campaña del Presidente Donald J. Trump para que naciones acepten a deportados estadounidenses. Los diplomáticos estadounidenses están contactando a países de todo el mundo, incluso algunos devastados por guerra o conocidos por abusos a los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses se han puesto en contacto con Angola, Mongolia y Ucrania. Kosovo ha acordado aceptar hasta 50 personas. Costa Rica mantiene detenidas a docenas.
El Gobierno estadounidense pagó a Ruanda 100 mil dólares para que aceptara a un hombre iraquí y está considerando enviar más deportados allí. Perú se ha negado hasta el momento.
“Estados Unidos está deseoso de colaborar con países dispuestos a aceptar” personas, decía el cable, fechado el 12 de marzo. Nombraba a Túnez, Togo y Turkmenistán entre los posibles destinos.
Y la Administración planeó recientemente trasladar en avión a ciudadanos principalmente de países asiáticos y latinoamericanos, a Libia y Sudán del Sur, países devastados por la guerra, hasta que un tribunal de distrito estadounidense bloqueó esas expulsiones.
El 23 de junio, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que la Administración Trump tiene derecho a expulsar a personas a países distintos del suyo, posiblemente allanando el camino para el vuelo de deportación a Sudán del Sur y medidas similares en todo el mundo.
“Enciendan los aviones de deportación”, escribió Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, en redes sociales.
Terceros países
Durante años, tanto las administraciones republicanas como las demócratas han pedido a países que repatrien a algunos de sus ciudadanos. Trump está haciendo lo mismo, pero también intenta establecer una red de naciones que aceptan a personas de cualquier parte del mundo y las recluyan en prisiones, campamentos u otras instalaciones. En algunos casos, los gobiernos extranjeros podrían permitir que las personas soliciten asilo o intentar repatriarlas a sus países de origen.
La Administración Trump ha hablado con al menos 29 países de Europa, Latinoamérica, África y Asia, arroja una revisión realizada por The New York Times de documentos del Gobierno estadounidense y entrevistas con funcionarios. Además, el Departamento de Estado ha solicitado a diplomáticos en el extranjero que contacten al menos a otros 29 países, la mayoría de ellos en África, para un total de por lo menos 58. Siete han accedido a la solicitud de la Administración, y las demás conversaciones siguen en curso.
Muchos de los 58 países están sujetos a una nueva prohibición total o parcial de viajes a Estados Unidos impuesta por la Administración Trump o están siendo considerandos para ello. Un cable del Departamento de Estado, fechado el 14 de junio, instruyó a los diplomáticos que informaran a los países considerados, en su mayoría en África, que podrían quedar fuera de la lista si aceptaban recibir a deportados que no fueran sus ciudadanos.
Los esfuerzos globales por llegar a tratos demuestran las medidas extremas que Trump está dispuesto a tomar para cumplir sus aspiraciones de deportaciones masivas, aún si eso significa poner en peligro a los inmigrantes.
Algunas naciones piden pagos o favores a cambio. Y en algunos casos, la Administración Trump ha pagado. El Gobierno estadounidense dio a El Salvador alrededor de 5 millones de dólares después de que el País encarceló a más de 200 inmigrantes venezolanos, acusados por la Administración de ser pandilleros.
En los últimos años, Venezuela se negó a aceptar vuelos regulares de deportación desde Estados Unidos, por lo que la nueva Administración Trump buscó naciones dispuestas a recibir a los venezolanos expulsados.
Trump y sus asesores han retratado la campaña como un esfuerzo por expulsar a criminales o actores antiestadounidenses y frenar una “invasión”. Pero no han presentado pruebas de delitos cometidos por la mayoría de los detenidos para deportación.
En una reunión de gabinete, el Secretario de Estado Marco Rubio habló del proceso: “Estamos trabajando con otros países para decir, ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países, ¿nos lo harían como favor?’. Y mientras más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan regresar por la frontera”.
El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que “varios” países habían acordado aceptar a personas que no son sus ciudadanos, añadiendo que no revela detalles de conversaciones diplomáticas.
La mayoría de los gobiernos extranjeros mencionados en los cables no respondió a correos electrónicos en busca de comentarios. Sin embargo, un puñado emitió declaraciones: Kosovo confirmó su acuerdo, mientras que Angola dijo que no aceptaría a nadie.
Los detractores de las deportaciones y los abogados afirman que se necesitan audiencias judiciales para determinar si la ley permite la expulsión de cada persona. Y argumentan que la Administración ignora el potencial de abusos contra los derechos humanos en algunos de los países.
Ese parece ser el punto. Los funcionarios de la Administración dicen que intentan enviar un mensaje a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos: podrían acabar en condiciones brutales en un país lejano si no se van voluntariamente.
“Están logrando aterrorizar a la gente”, declaró Eric Rubin, ex Embajador de Estados Unidos en Bulgaria. “La mayoría de las personas de las que hablamos no ha cometido ningún delito”.
Los familiares de los deportados, incluyendo aquellos que han sido condenados por delitos y han purgado condenas en prisión, afirman que estas expulsiones son injustas.
“Lo subieron a un avión en la madrugada e intentaron hacerlo desaparecer en un tercer país que está en medio de una terrible guerra civil”, declaró Ngoc Phan, esposa de Tuan Thanh Phan, un vietnamita residente en el Estado de Washington que iba en el avión con destino a Sudán del Sur. El vuelo fue desviado a una base militar de EU en Yibuti mientras se desarrollaba un proceso judicial en torno a la deportación de Phan y siete hombres más. La Suprema Corte aprobó el jueves las deportaciones.
Sudán del Sur es tan peligroso que la Embajada estadounidense en ese País ha ordenado a los familiares de diplomáticos y a algunos empleados que salgan del País.
Tras la toma de posesión de Trump el 20 de enero, él y Rubio se centraron de inmediato en las deportaciones masivas.
Los diplomáticos han tenido cierto éxito, especialmente con países en Latinoamérica.
Panamá recibió a unos 300 deportados de África, Asia y otros lugares en febrero. Inicialmente fueron retenidos en un hotel. Quienes se negaron a abordar vuelos a sus países de origen fueron trasladados a un campamento en la selva. Fueron liberados después de que sus abogados demandaron al Gobierno panameño. Ese mes, Costa Rica recibió a 200 deportados, incluyendo ciudadanos de China, India y Yemen, según cables del Departamento de Estado. Para fines de junio, 107 habían regresado a sus países de origen.
A principios de abril, la Administración Trump deportó a un grupo de inmigrantes mexicanos a Guatemala. Sin embargo, las autoridades locales afirmaron que no esperaban su llegada y rápidamente organizaron el envío del grupo a México.
Funcionarios estadounidenses afirmaron que ambos países estaban al tanto del vuelo.
Carlos Ramiro Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo en junio que su país aceptaría a deportados que fueran ciudadanos de otras naciones centroamericanas, pero tomaría acciones para enviarlos a casa.
Funcionarios peruanos dijeron a diplomáticos estadounidenses en una reunión celebrada el 28 de enero que acoger a no ciudadanos era un tema “delicado” para su Gobierno, decía un cable del Departamento de Estado. Señalaron que casi 2 millones de venezolanos ya se encuentran en Perú y que muchos peruanos atribuyen el aumento en la delincuencia a los migrantes.
Aun así, Elmer Schialer, el Secretario de Relaciones Exteriores peruano, dijo a un diplomático estadounidense el 16 de junio que su País consideraría la opción.
La Administración Trump ha recurrido a países más lejanos para que reciban a inmigrantes.
Diplomáticos estadounidenses contactaron a Ucrania, enfrascado desde el 2022 en combates contra una invasión rusa a gran escala. Un funcionario ucraniano afirmó que el Gobierno consideraría la solicitud de Washington, decía un cable.
En marzo, diplomáticos estadounidenses comenzaron a presionar a funcionarios en Kosovo. Celebraron seis reuniones en tres meses.
Los funcionarios kosovares anunciaron el 12 de mayo que recibirían hasta 50 personas, pero señalaron que no les había resultado fácil tomar la decisión, en vista de las dificultades gubernamentales y las posibles consecuencias políticas, decía un cable estadounidense. Los funcionarios indicaron que preferían a mujeres y niños.
Y sugirieron que Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en el 2008, necesitaba algo a cambio. Los funcionarios dijeron que querían que Estados Unidos siguiera cabildeando a otras naciones para que reconocieran a Kosovo como un Estado soberano, decía una nota diplomática.
Conversaciones similares se han dado en toda África.
El cable estadounidense del 12 de marzo menciona a Libia, Ruanda y Turkmenistán entre los países objetivo en África y Asia. Señala que estos son posibles países “seguros” donde las personas podrían solicitar asilo, pese a que Libia está asolada por un conflicto civil y el autoritario Turkmenistán tiene un pésimo historial en materia de derechos humanos, informó el Departamento de Estado.
Ruanda parece estar muy dispuesto. Después de que la Administración Trump le pagó 100 mil dólares en abril por aceptar a un ciudadano iraquí, el Gobierno accedió a recibir a 10 deportados más, decía un cable estadounidense.
Mark Hetfield, presidente de HIAS, una agencia de reasentamiento de refugiados, afirmó que los cientos de expulsiones realizadas hasta la fecha desde Estados Unidos eran “otro clavo en el ataúd del papel de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos”.
Jody García y Annie Correal contribuyeron con reportes.
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