Los Ángeles, Estados Unidos.
Cientos de menores centroamericanos no acompañados que ingresaron a EUA de forma indocumentada siguen recluidos en centros de detención mientras se define su situación migratoria, y en algunos casos su internamiento supera ya los 20 meses.
“Estos lugares parecen una cárcel, los jóvenes solo tienen una hora para ver el sol. Además no se sabe exactamente dónde están, ni hasta cuándo van a estar allí, se convierten en personas invisibles”, dijo Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis.
Las autoridades federales dispusieron que los niños no acompañados fueran procesados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA.
“Se ha trabajado de manera agresiva y con éxito para garantizar albergue y camas disponibles en los centros de acogida seguros, y no se vean obligados a esperar en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza”, aseguró la vocera de ORR, Andrea Helling.
ORR determina unilateralmente a qué tipo de instalaciones debe ser enviado el menor antes de que se defina su situación migratoria.
Un caso
El salvadoreño Pablo Aguilar es uno de esos menores arrestado en junio de 2014, cuando tenía 14 años, y desde entonces ha estado recluido en estos centros de detención. “En el caso de Pablo aún no han tomado una decisión y no nos han dado acceso para hablar y saber qué está pasando con su caso”, denunció Cooper.
Aguilar, que ya cumplió 16 años, está recluido en el Centro Juvenil del contado Yolo, California, a donde llegó en septiembre del año pasado después de estar en ocho centros.
El periplo del adolescente por los centros de detención comenzó en McAllen, pasó por Houston, ambos en Texas, para luego arribar a Phoenix, Arizona. Aunque la mamá y la abuela materna del menor viven en Los Ángeles, en su cuarto traslado el joven fue enviado a la costa este, a Staunton (Virginia), y días después a Tequesta (Florida), para luego regresar a Virginia y de allí salir rumbo a Portland (Oregón), de donde fue dirigido por tercera vez a Staunton, hasta que fue delegado de nuevo a California.
Para Cooper, las autoridades hacen esto para agotar y desesperar a los menores y sus familias. “Buscan que ellos firmen la deportación”, indicó. Y argumentó que el proceso de ORR es inconstitucional y viola los derechos de los menores como Aguilar.
Cientos de menores centroamericanos no acompañados que ingresaron a EUA de forma indocumentada siguen recluidos en centros de detención mientras se define su situación migratoria, y en algunos casos su internamiento supera ya los 20 meses.
“Estos lugares parecen una cárcel, los jóvenes solo tienen una hora para ver el sol. Además no se sabe exactamente dónde están, ni hasta cuándo van a estar allí, se convierten en personas invisibles”, dijo Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis.
Las autoridades federales dispusieron que los niños no acompañados fueran procesados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA.
“Se ha trabajado de manera agresiva y con éxito para garantizar albergue y camas disponibles en los centros de acogida seguros, y no se vean obligados a esperar en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza”, aseguró la vocera de ORR, Andrea Helling.
ORR determina unilateralmente a qué tipo de instalaciones debe ser enviado el menor antes de que se defina su situación migratoria.
Un caso
El salvadoreño Pablo Aguilar es uno de esos menores arrestado en junio de 2014, cuando tenía 14 años, y desde entonces ha estado recluido en estos centros de detención. “En el caso de Pablo aún no han tomado una decisión y no nos han dado acceso para hablar y saber qué está pasando con su caso”, denunció Cooper.
Aguilar, que ya cumplió 16 años, está recluido en el Centro Juvenil del contado Yolo, California, a donde llegó en septiembre del año pasado después de estar en ocho centros.
El periplo del adolescente por los centros de detención comenzó en McAllen, pasó por Houston, ambos en Texas, para luego arribar a Phoenix, Arizona. Aunque la mamá y la abuela materna del menor viven en Los Ángeles, en su cuarto traslado el joven fue enviado a la costa este, a Staunton (Virginia), y días después a Tequesta (Florida), para luego regresar a Virginia y de allí salir rumbo a Portland (Oregón), de donde fue dirigido por tercera vez a Staunton, hasta que fue delegado de nuevo a California.
Para Cooper, las autoridades hacen esto para agotar y desesperar a los menores y sus familias. “Buscan que ellos firmen la deportación”, indicó. Y argumentó que el proceso de ORR es inconstitucional y viola los derechos de los menores como Aguilar.
