El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, afirmó este lunes que los acuerdos de traslado de migrantes deben "garantizar el derecho al asilo" y "el principio de no devolución", en alusión a las deportaciones por parte de Estados Unidos a diferentes países africanos.
"Los acuerdos de traslado deben garantizar el acceso al asilo, respetar las garantías procesales y el principio de no devolución, lo que significa que ninguna persona que necesite protección internacional debe ser devuelta a ningún lugar donde corra el riesgo de sufrir daños", indicó Salih en una rueda de prensa virtual.
"Los traslados solo pueden ser legales si cuentan con garantías solidas y respetan el principio de reparto de responsabilidades y no devolución", añadió el alto comisionado de ACNUR.
Salih destacó que ACNUR no ha sido consultada para elaborar estos acuerdos entre EE.UU. y diferentes países del continente, pero afirmó que la agencia "está dispuesta a colaborar con los Estados para garantizar que cualquier acuerdo de traslado que afecte a refugiados o solicitantes de asilo se aplique de conformidad con las normas internacionales".
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a países terceros se activó después de que el Tribunal Supremo estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno del presidente Donald Trump que efectuase estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que los deportados carecen de asistencia legal y, en ocasiones, son recluidos en prisiones de máxima seguridad sin que se hayan formulado cargos.
Las ONG han pedido a los países africanos que rechacen tratados de expulsión firmados con EE.UU. y han afirmado que los existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como la República Democrática del Congo, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial o Sierra Leona.
