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Obama asegura que torturas de la CIA no son un delito

  • 11 diciembre 2014 /

Tras la divulgación de un informe sobre las brutales prácticas, el Departamento de Justicia de EUA aseguró que el caso no será reabierto.

Washington, Estados Unidos.

Mientras los estadounidenses y el mundo exigen justicia por el uso de la tortura por parte de la CIA la administración de Barack Obama da por cerrado el caso.

Así lo confirmó la Casa Blanca al anunciar que el presidente aceptó la determinación del Departamento de Justicia de que no existen delitos qué perseguir derivados de las técnicas de interrogatorio que la CIA aplicó a los detenidos sospechosos de terrorismo.

El reporte de la Comisión de Inteligencia del Senado describe cómo los detenidos fueron torturados durante días en la oscuridad, colgados de las manos, privados del sueño o alimentados a la fuerza vía rectal, lo que suscitó reacciones de indignación y escándalo en el mundo.

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“Esa es la manera que nuestro sistema criminal funciona”, dijo el vocero presidencial Josh Earnest al ser cuestionado sobre la postura del mandatario al respecto, insistiendo que esta fue una decisión adoptada libre de consideraciones políticas.

Aunque Obama caracterizó de “preocupante” la existencia del programa e insistió que su implementación fue contraria a los valores del país, defendiendo su decisión de eliminarlo al inicio de su gobierno, el mandatario se quedó corto de llamar a cuentas a los responsables.

En el 2009, el procurador general Eric Holder designó un fiscal especial para investigar acusaciones de maltrato de detenidos sospechosos de terrorismo bajo custodia de autoridades estadunidenses, la cual inicio dos investigaciones criminales.

Las investigaciones no tuvieron consecuencias luego que el Departamento de Justicia declinó iniciar encauzamientos criminales tras determinar como insuficiente la evidencia presentada para obtener convicciones.

La posición del Departamento de Justicia no varió tras la revelación del reporte dado a conocer por el Comité de Inteligencia del Senado, al determinar que el voluminoso documento no aportó pruebas nuevas.

Earnest insistió en apuntar que la decisión del Departamento de Justicia fue resultado de un amplio y exhaustivo trabajo de parte de fiscales federales de carrera, “ajenos a cualquier interferencia política”.