El cuerpo de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo antidrogas asesinado por sicarios en Colombia el pasado martes, arribó antes del amanecer del sábado a Asunción trasladado en vuelo comercial desde Cartagena de Indias.
El féretro fue recibido por autoridades nacionales en el espigón presidencial del aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi” de la capital paraguaya a las 05H10 de la mañana (09H10 GMT) y luego trasladado al salón velatorio perteneciente a una empresa fúnebre local.
Pecci era un fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Su esposa Claudia Aguilera, una periodista de televisión y testigo del crimen en una playa de la isla Barú, en el Caribe colombiano y cerca de Cartagena, había regresado el jueves a la capital paraguaya.
La pareja disfrutaba de su luna de miel, se casaron el 30 de abril, cuando se produjo el ataque que acabó con el asesinato del fiscal en plena playa frente al mar. La mujer dijo que esperaban un hijo.
En forma simbólica, los restos de Pecci, que serán sepultados el domingo, debían ser trasladados para ser velados en la Fiscalía, en el tradicional Colegio San José donde realizó sus estudios y en la sede del club de fútbol Guaraní, de la Primera División paraguaya, en el cual se desempeñó como dirigente.
El viernes, sus compañeros del Ministerio Público, excolegas y amigos organizaron una marcha de repudio por calles céntricas para reclamar justicia y castigo a los autores intelectuales y materiales del sonado crimen.
Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a unos 488,000 dólares por información que permita la captura de los asesinos
El comisario de investigaciones, Nimio Cardozo, quien volvió de Colombia donde participó de las pesquisas, informó que Pecci recibió un impacto de bala en el rostro y dos en el tronco, los que determinaron su deceso en forma casi instantánea.
“Estaba juntando sus pertenencias con su esposa cuando fue emboscado” por los sicarios, detalló.
Pecci, muy frecuentado por los medios sobre sus causas relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero, trabajaba en la colección de evidencias contra procesados de nacionalidad colombiana, libanesa y brasileña, entre otros.
En el caso de uno de ellos, el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, un juez decretó en abril su extradición a Estados Unidos.
Otros dos libaneses con nacionalidad brasileña, Mahmoud Alí Barakat y Nader Mohamad Farhat, ya habían sido extraditados a Estados Unidos en 2018 y 2019 luego de procesos judiciales por lavado de activos, presuntamente para el movimiento islámico libanés Hezbolá, en los que participó el fiscal.
