Una nueva normativa estatal ha generado preocupación entre organizaciones de derechos migratorios y familias de inmigrantes, luego de que se advirtiera que cerca de 400 menores en condición migratoria irregular podrían perder el acceso a servicios médicos especializados a partir del 1 de julio.
De acuerdo con información difundida por defensores de derechos migratorios, la medida impulsada por legisladores republicanos y aprobada recientemente, exige a las agencias estatales y locales verificar el estatus migratorio de las personas que reciben beneficios públicos. Esto incluye programas de salud destinados a menores con enfermedades graves o terminales.
El plazo establecido para que las familias se den de baja voluntariamente del programa vence el 30 de junio, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados.
Según estas disposiciones, los datos personales de los beneficiarios podrían ser compartidos con autoridades de seguridad estatal, lo que ha encendido las alarmas en comunidades migrantes.
Organizaciones como el Centro Nacional de Derecho Migratorio han calificado la medida como “cruel”, al señalar que obliga a los padres a tomar decisiones difíciles sobre la continuidad del tratamiento médico de sus hijos, muchos de ellos en condiciones críticas de salud.
“En algunos casos se trata de menores con enfermedades terminales que dependen de tratamientos constantes. Suspenderlos podría significar la muerte en cuestión de horas”, comentó Efren Olivares representante del centro de Derecho Migratorio.
La medida también ha generado inquietud entre otras familias migrantes, incluso aquellas que se encuentran en procesos legales como solicitudes de asilo, por el posible impacto en su acceso a servicios de salud.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos advierten que la normativa podría sentar un precedente que limite el acceso a programas de salud para personas en situación migratoria irregular en casos considerados “extremos” o de alta vulnerabilidad médica.
