La violencia generó el desplazamiento forzado de 166 personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en El Salvador durante el año 2021, según reveló este martes la activista trans Bianka Rodríguez.
La directora de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis-Trans) indicó que se trata de personas que “se han visto obligadas y forzadas a desplazarse internamente a causa de la violencia por motivos de discriminación y persecución basados en su orientación sexual o identidad de género”.
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Indicó que estas víctimas del desplazamiento se suman a las 528 registradas entre 2015 y 2020, para totalizar 694 y promediar al menos 115 casos anuales.
“Las personas LGBTI en El Salvador encuentran vacíos en las normativas e instituciones públicas que brindan atención a este desplazamiento forzado”, subrayó Rodríguez durante la presentación de un informe elaborado en conjunto con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Lamentó que hace falta un enfoque de “atención diferenciada” para atender a las personas LGBTI desplazadas por la violencia, ejercida por diferentes actores.
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“Porque no quise pagar la renta (impuesto) a unos mareros (pandilleros) cambié de vivienda... han sido varias veces por la misma causa, porque si me localizan tengo que cambiarme de casa”, relató una mujer trans para el referido informe.
El documento añade que el 56 % de las personas LGTBI entrevistadas ha sufrido desplazamiento forzado.
En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos han denunciado que la violencia y discriminación que sufre la comunidad LGBTI en el país centroamericano obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado “cómplice” de los asesinatos y la impunidad.
Las organizaciones humanitarias Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) señalaron el lunes que durante 2021 se atendieron a 2.016 personas desplazadas por la violencia y el cambio climático.
Únicamente Cristosal atendió a 1.306 personas, de las que 702 se desplazaron por la violencia, 572 por el cambio climático, 27 por ambos motivos y 5 por otras razones.
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Señalaron en un comunicado que el Servicio Social Pasionista (SSPAS) brindó atención a 710 personas desplazadas “en esta misma condición”.
Según estas organizaciones, a las que se suma el Colectivo Alejandría, en el país existe una “ausencia de respuestas integrales” a este fenómeno, a pesar de que existe una ley especial vigente desde hace dos años.
