San Salvador.
La ombudsman de El Salvador, Raquel Caballero, instó el miércoles al Estado a investigar las 'graves' violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil del país (1980-1992), tras un año de la anulación de una ley de amnistía que bloqueaba estos casos.
El 13 de julio de 2016, el Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser 'contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas'.
Para la procuradora, es 'obligación estatal investigar las graves violaciones a derechos humanos, conforme a los estándares establecidos por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y debe hacerse en forma oportuna, competente, independiente e imparcial'.
Caballero explicó que es 'necesario garantizar siempre la protección y la participación' de las víctimas y sus familiares, y el goce de su derecho a la información 'clara y oportuna en cada momento y etapa procesal'.
'Tal imperativo se impone, de manera particular, a la Fiscalía General de la República (FGR) como institución rectora en la investigación del delito, quien deberá propiciar en apego a tales características, la búsqueda de la verdad, la justicia y las acciones de reparación para cada caso', subrayó.
La funcionaria, quien reconoció que 'hubo notables esfuerzos como el Informe de la Comisión de la Verdad', manifestó que las víctimas de las 'graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado fueron olvidadas y relegadas en el proceso de paz'.
'Las demandas de las víctimas han sido concretas y sencillas: verdad, justicia y reparación, pero hasta ahora, ni el marco normativo, ni las políticas públicas o programas gubernamentales han sido apropiados o suficientes para tal fin', recordó Caballero.
Insistió en la obligación de 'dignificar y garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación individual y colectiva para quienes sufrieron las peores consecuencias de la guerra y la consecuente adopción de mecanismos adecuados que garanticen la no repetición de hechos tan atroces'.
Por los 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos que dejó la guerra, librada entre el Ejército y la guerrilla, solo el coronel Guillermo Benavides cumple 30 años de prisión por la matanza de 6 padres jesuitas en 1989.
La ombudsman de El Salvador, Raquel Caballero, instó el miércoles al Estado a investigar las 'graves' violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil del país (1980-1992), tras un año de la anulación de una ley de amnistía que bloqueaba estos casos.
El 13 de julio de 2016, el Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser 'contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas'.
Para la procuradora, es 'obligación estatal investigar las graves violaciones a derechos humanos, conforme a los estándares establecidos por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y debe hacerse en forma oportuna, competente, independiente e imparcial'.
Caballero explicó que es 'necesario garantizar siempre la protección y la participación' de las víctimas y sus familiares, y el goce de su derecho a la información 'clara y oportuna en cada momento y etapa procesal'.
'Tal imperativo se impone, de manera particular, a la Fiscalía General de la República (FGR) como institución rectora en la investigación del delito, quien deberá propiciar en apego a tales características, la búsqueda de la verdad, la justicia y las acciones de reparación para cada caso', subrayó.
La funcionaria, quien reconoció que 'hubo notables esfuerzos como el Informe de la Comisión de la Verdad', manifestó que las víctimas de las 'graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado fueron olvidadas y relegadas en el proceso de paz'.
'Las demandas de las víctimas han sido concretas y sencillas: verdad, justicia y reparación, pero hasta ahora, ni el marco normativo, ni las políticas públicas o programas gubernamentales han sido apropiados o suficientes para tal fin', recordó Caballero.
Insistió en la obligación de 'dignificar y garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación individual y colectiva para quienes sufrieron las peores consecuencias de la guerra y la consecuente adopción de mecanismos adecuados que garanticen la no repetición de hechos tan atroces'.
Por los 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos que dejó la guerra, librada entre el Ejército y la guerrilla, solo el coronel Guillermo Benavides cumple 30 años de prisión por la matanza de 6 padres jesuitas en 1989.
