Luisiana, Estados Unidos.
Una demanda federal fue presentada en el Distrito Medio de Luisiana contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por la presunta deportación ilegal de tres niños ciudadanos estadounidenses, uno de ellos un menor de cuatro años con cáncer de riñón en etapa IV.
La denuncia, presentada el pasado jueves, fue interpuesta por dos ciudadanas hondureñas identificadas bajo los seudónimos de Julia y Rosario. Ambas residían en Luisiana antes de ser deportadas a Honduras, junto a sus hijos. Entre los acusados figuran la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem; el director interino de ICE, Todd Lyons; la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, y varios agentes de ICE.
Según el documento legal, Julia es madre de dos niñas, Jade y Janelle, mientras que Rosario tiene dos hijos, Ruby y Romeo. De estos menores, Jade, Ruby y Romeo son ciudadanos estadounidenses. Romeo, de cuatro años, padece cáncer renal en etapa avanzada y recibía tratamiento especializado en el Hospital Infantil Familiar Manning de Nueva Orleans.
La demanda alega que en abril, ambas mujeres acudieron a una cita que consideraban rutinaria con el ICE, pero fueron detenidas, incomunicadas y posteriormente deportadas a Honduras junto a sus hijos, sin la posibilidad de contactar a abogados ni coordinar la custodia de los menores, en presunta violación de la Directiva 11064.3 del ICE. Esta normativa, vigente hasta el 1 de julio, establece que los padres detenidos deben tener la oportunidad de organizar el cuidado de sus hijos antes de ser deportados.
El caso de Romeo ha generado preocupación adicional debido a la interrupción de su tratamiento médico en Estados Unidos. La denuncia sostiene que el niño deberá viajar constantemente entre ambos países para continuar su atención oncológica, lo que representa una carga física, emocional y económica para la familia.
Asimismo, la demanda resalta que Ruby y Romeo no son ciudadanos hondureños y que, sin autorización del gobierno de ese país, su permanencia legal se limita a 90 días, lo que añade un elemento de incertidumbre respecto a su seguridad y estabilidad.
El recurso legal solicita un juicio por jurado, el retorno de Julia y Rosario a Estados Unidos, y que los acusados sean declarados responsables de los daños ocasionados. Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el ICE han emitido comentarios al respecto.
