El Departamento de Justicia federal presentó ayer una demanda para impugnar la constitucionalidad de una nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
La querella presentada ante el Tribunal de Distrito en Phoenix sostiene que la nueva legislación de Arizona usurpa la autoridad federal. La ley, que está por entrar en vigencia a fines de este mes, prevé que policías locales y estatales interroguen e incluso arresten a indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como revisiones de tránsito.
“En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene la autoridad preeminente para regular los asuntos de la inmigración”, expone la querella.
“Esta autoridad deriva de la Constitución de Estados Unidos y de numerosas leyes del Congreso. Las leyes sobre la inmigración en el país reflejan un cuidadoso y meditado equilibrio de las leyes nacionales, las relaciones internacionales y los intereses humanitarios”.
El gobierno intenta conseguir un mandato judicial para demorar la entrada en vigencia de la ley el 29 de julio hasta que el caso sea resuelto.
En última instancia, desea la anulación de esa legislación.
Violaciones
El gobierno argumenta que la ley de Arizona viola la cláusula de supremacía de la Constitución, una teoría legal que plantea el dominio de las leyes federales sobre las estatales.
La ley federal estipula como ilegal la permanencia en el país sin documentos, pero Arizona es el primer estado que penaliza esa situación como delito estatal y además impone castigos y métodos propios.
El vocero de la gobernadora Jan Brewer dijo que la demanda es “una decisión terriblemente mala”.
“Obviamente, Arizona tiene una terrible crisis de seguridad fronteriza que necesita atenderse, por lo que la gobernadora Brewer ha dicho en varias ocasiones que hubiera preferido que los recursos y la atención del gobierno federal se hubieran enfocado en la crisis más que en esto”, expresó el portavoz Paul Senseman.
El senador estatal Russell Pearce, principal promotor de la iniciativa auspiciada por decenas de legisladores también republicanos, dijo que la demanda es un “absoluto insulto al Estado de derecho”, así como a Arizona y su población.
El anuncio fue hecho el mismo día que una encuesta de USA Today/Gallup indicó que los estadounidenses están divididos sobre si el Gobierno debe enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados (50% de los encuestados), o si debe desarrollar un plan para ver qué hacer con los que ya están en el país.
Encuesta
El sondeo realizado el mes pasado señala que el 62% de los estadounidenses es más propenso a creer que los indocumentados son una carga para el Estado, mientras que el 32% cree que estos inmigrantes cumplen sus responsabilidades impositivas.
La medida adoptada ayer era esperada desde hace varias semanas. El presidente Barack Obama ha tachado de equivocada a la legislación. Los simpatizantes de ésta dicen que es una reacción razonable por la inacción federal frente a la inmigración indocumentada.
