Lima, Perú
“¿Aplaudimos al presidente?” Martín Vizcarra, pregunta la legisladora peruana Alejandra Arayamo, a lo que su jefa Keiko Fujimori responde: “Sí, de pie y con aplausos protocolares”.
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La difusión de chats, audios y videos son parte del juego de poder en el país y también causaron a la caída de Alberto Fujimori.
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La filtración en la prensa de los contenidos del chat grupal de los líderes fujimoristas, llamado “La Botica”, develó el modo autocrático en que la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori manejaba al Congreso peruano desde las sombras.
También salieron a la luz las maniobras para “blindar” a dos prominentes magistrados involucrados en un escándalo de corrupción en el poder judicial, que estalló en julio: el fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry y el ahora destituido juez de la Corte Suprema César Hinostroza. La legisladora Rosa Bartra escribió en el chat que salvar al cuestionado nuevo fiscal Chávarry era un “asunto de supervivencia política” para el partido.
Vizcarra declinó asistir a la toma de posesión de Chávarry, por estimar que debía dar “un paso al costado”, pero Keiko ordenó que acudiera el presidente del Congreso, Luis Galarreta: “Lucho, es importantísimo que asistas a la juramentación”.
En “La Botica” también aparecen las maniobras en favor del destituido juez Hinostroza, detenido hace 11 días en España tras fugarse de Perú.
“Ahora solo hemos blindado a Hinostroza”, escribió la parlamentaria Aramayo, la misma que pregunta si debían aplaudir el discurso de Vizcarra en el día nacional de Perú, el 28 de julio.
Mientras Vizcarra anunciaba en ese discurso una reforma constitucional para combatir la corrupción, la legisladora Milagros Salazar escribe en el chat que el presidente era un “malnacido y traidor”.
A través del chat “La Botica”, Keiko y sus asesores daban instrucciones a los legisladores fujimoristas, que son mayoría en el Congreso, sobre como votar o reaccionar ante una pregunta de la prensa o el resultado de una encuesta.
Así, por ejemplo, Keiko escribió: “Salir de la CIDH me parece importantísimo”, por las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los intentos de mantener en libertad a su padre, cuyo indulto fue anulado.
Avergonzados
La difusión de los chats de Telegram y Whatsapp ha sido muy embarazosa para los líderes fujimoristas, quienes llamaban “jefa” a Keiko.
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Además de su batalla judicial, Keiko libra una guerra fratricida con su hermano Kenji por el legado político de su padre. Si no superan sus disputas, ambos podrían enfrentarse en las presidenciales de 2021, aunque primero cada uno debe resolver sus líos con la justicia.
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En medio de una pérdida de popularidad y una odisea judicial de Keiko, quien enfrenta un pedido de prisión por los supuestos aportes ilegales de Odebrecht, el fujimorismo reaccionó criticando la difusión de conversaciones privadas, pero luego pidió disculpas y optó por cerrar los chats.
“Ya no tenemos ningún chat”, dijo la legisladora Lourdes Alcorta. “A estas alturas, con la leche completamente derramada, de lo que pasó, lo único que puedo manifestar es la vergüenza que sentimos. Lo único que me queda es dar las disculpas del caso”, agregó.
Las filtraciones de conversaciones privadas no son algo nuevo en Perú.
El 8 de julio estalló un escándalo al ser divulgados los audios de conversaciones telefónicas de jueces, que pusieron en entredicho al fiscal Chávarry y llevaron a la destitución y fuga del juez Hinostroza.
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Testigo clave asegura que Keiko Fujimori le ordenó lavar dinero de Odebrecht
LIMA. El parlamentario peruano de oposición Rolando Reátegui, testigo clave de la pesquisa fiscal contra su líder Keiko Fujimori, aseguró que fue ella quien le ordenó lavar dinero para la campaña presidencial de 2011, según una declaración difundida ayer por el diario La República.
“Todo el poder lo tiene Keiko Fujimori”, le dijo Reátegui al fiscal José Domingo Pérez, a cargo de investigar por presunto lavado de activos y organización criminal a la líder del partido opositor Fuerza Popular (FP) y otros 10 involucrados, según el periódico.
En la declaración, a la que La República tuvo acceso, Reátegui detalló la real estructura de FP y el mecanismo con el que se lavó dinero ilícito para la campaña. Según la pesquisa, el fondo provino de aportes de la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo a afirmaciones de exdirectivos de la empresa.
El legislador, que confirmó mediante una carta que se convirtió en “colaborador eficaz”, declaró que era uno de los encargados de reclutar personas que fingieran ser aportantes de FP y así lavar el millón de dólares entregado ilegalmente por Odebrecht.
Reátegui reclutó falsos aportantes entre sus familiares, amigos y militantes.
