Caracas, Venezuela.
Adriana tenía 28 años y cinco meses de embarazo cuando la mataron de un disparo durante las protestas contra el gobierno venezolano en 2014. Al pie de su tumba, Manuela clama: “¡Soy una madre y una abuela que pide justicia”.
Agotada de que le pregunten si culpa al gobierno o a la oposición, Manuela Pérez confía en que el homicida no sea amparado por una ley de amnistía que la mayoría opositora parlamentaria planea aprobar hoy en primer debate, aunque el presidente Nicolás Maduro afirmó de antemano que la vetará.
“Siempre he insistido en no politizar este asunto... El crimen de mi hija no es un crimen político”, dice mientras vierte agua en tres cuencos donde deposita flores frescas.
En estos días se cumplen dos años del inicio de las revueltas que dejaron 43 muertos y 878 heridos, entre opositores, chavistas, y gente de ningún bando como Adriana, que aquel día sólo pasaba por una barricada, a las afueras de Caracas. La amnistía “no puede amparar a un delincuente como el que mató a mi hija”, insiste Pérez, quien piensa apelar la pena de 17 años de cárcel contra el homicida. Para ella sólo habría justicia si le dan la máxima de 30 años. La polarización política que vive Venezuela ha creado confusión sobre a quiénes amparará la amnistía.
Expectativa
La sesión para debatir la Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional se celebrará hoy. La oposición dice buscar la libertad de unos 75 políticos presos, entre ellos el opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión acusado por el gobierno de llamar a la violencia en las protestas que exigían la salida del poder de Maduro.
El oficialismo rechaza el proyecto al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos” -como califica a López- responsables de las llamadas “guarimbas”, barricadas que obstruyeron calles y avenidas en las protestas entre febrero y mayo de 2014.Mientras tanto los familiares de las víctimas reclaman justicia por la pérdida irreparable.
Adriana tenía 28 años y cinco meses de embarazo cuando la mataron de un disparo durante las protestas contra el gobierno venezolano en 2014. Al pie de su tumba, Manuela clama: “¡Soy una madre y una abuela que pide justicia”.
Agotada de que le pregunten si culpa al gobierno o a la oposición, Manuela Pérez confía en que el homicida no sea amparado por una ley de amnistía que la mayoría opositora parlamentaria planea aprobar hoy en primer debate, aunque el presidente Nicolás Maduro afirmó de antemano que la vetará.
“Siempre he insistido en no politizar este asunto... El crimen de mi hija no es un crimen político”, dice mientras vierte agua en tres cuencos donde deposita flores frescas.
En estos días se cumplen dos años del inicio de las revueltas que dejaron 43 muertos y 878 heridos, entre opositores, chavistas, y gente de ningún bando como Adriana, que aquel día sólo pasaba por una barricada, a las afueras de Caracas. La amnistía “no puede amparar a un delincuente como el que mató a mi hija”, insiste Pérez, quien piensa apelar la pena de 17 años de cárcel contra el homicida. Para ella sólo habría justicia si le dan la máxima de 30 años. La polarización política que vive Venezuela ha creado confusión sobre a quiénes amparará la amnistía.
 Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, anunció la visita de cuatro Nobel de la Paz por dos años de prisión de su marido. Foto: AFP/Federico Parra.
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La sesión para debatir la Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional se celebrará hoy. La oposición dice buscar la libertad de unos 75 políticos presos, entre ellos el opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión acusado por el gobierno de llamar a la violencia en las protestas que exigían la salida del poder de Maduro.
El oficialismo rechaza el proyecto al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos” -como califica a López- responsables de las llamadas “guarimbas”, barricadas que obstruyeron calles y avenidas en las protestas entre febrero y mayo de 2014.Mientras tanto los familiares de las víctimas reclaman justicia por la pérdida irreparable.
