Luisiana, Estados Unidos.
Organizaciones defensoras de derechos civiles denunciaron el lunes que Óscar Amaya, un inmigrante hondureño de 34 años, permanece detenido ilegalmente en el nuevo centro para inmigrantes ubicado dentro de la Penitenciaría Estatal de Luisiana (conocido como Angola), a pesar de contar con una orden de protección contra deportación.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Luisiana y Robert F. Kennedy Human Rights presentaron una demanda federal ante el tribunal del distrito de Baton Rouge, alegando que el gobierno estadounidense está violando los derechos constitucionales de Amaya al mantenerlo bajo custodia sin justificación legal.
“Nuestra Constitución es clara: nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito”, subrayó Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU en Luisiana. “Amaya ya cumplió su condena penal. Retenerlo indefinidamente en una de las prisiones más infames del país equivale a una cadena perpetua sin el debido proceso. Eso es inconstitucional y cruel”.
Refugiado
Amaya llegó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía apenas 14 años, tras huir de Honduras al demostrar ante las autoridades migratorias que su vida corría peligro. Según los registros judiciales, la pandilla MS-13 intentó reclutarlo desde los 12 años, razón por la cual obtuvo protección humanitaria contra su deportación.
Durante más de una década, vivió y trabajó en Estados Unidos sin incidentes, hasta que en 2016 fue arrestado y posteriormente condenado por intento de agresión con agravantes. Cumplió dos años de prisión —de una sentencia de cuatro— antes de ser liberado por buena conducta, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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A pesar de haber cumplido su pena, el gobierno estadounidense emitió este año una orden de deportación en su contra e intentó trasladarlo a otros países, según detalla la demanda. Tras pasar un tiempo en un centro de detención en Pensilvania, fue enviado recientemente a Angola, donde el ICE comenzó a ubicar detenidos migratorios a partir del 4 de septiembre.
De alta seguridad
El segmento Camp J de la prisión de Angola, donde se encuentra Amaya, fue renovado para albergar a inmigrantes catalogados como peligrosos. Tiene capacidad para 400 personas, aunque las autoridades no han revelado cuántos permanecen detenidos.
Durante su inauguración, la fiscal general Pam Bondi, acompañada por el gobernador Jeff Landry y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, destacó la alianza entre agencias estatales y federales para detener a “inmigrantes ilegales peligrosos” vinculados al tráfico de drogas y personas.
“Encerrarlos y mantenerlos aquí, donde serán procesados... y no irán a ninguna parte”, afirmó Bondi el pasado 4 de septiembre, frente al ala recién remodelada.
Grupos de defensa de inmigrantes han reportado que varios detenidos en Angola iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones del centro, denunciando la falta de atención médica, carencia de medicamentos, artículos de higiene, agua potable y papel sanitario.
El Departamento de Seguridad Pública y Correccionales de Luisiana desestimó las acusaciones, calificándolas de “engañosas”. Sin embargo, las organizaciones sostienen que el caso de Amaya refleja un patrón de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos bajo el sistema migratorio estadounidense.
Mientras tanto, la ACLU y Robert F. Kennedy Human Rights insisten en que el hondureño debe ser liberado de inmediato, recordando que su permanencia en custodia contradice una protección legal vigente desde hace casi dos décadas.
