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Aldana lucha por la inscripción como candidata presidencial

  • 04 abril 2019 /

Presentan un recurso de amparo para anular la orden del Tribunal Electoral que la deja fuera del proceso.

    Ciudad de Guatemala.

    El partido político guatemalteco Movimiento Semilla presentó ayer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto la orden del tribunal electoral que negó la inscripción de la exfiscal general Thelma Aldana como candidata presidencial.

    “Estamos presentando un amparo para poder dejar en firme la inscripción” de Aldana, dijo a periodistas Samuel Pérez, secretario general de la agrupación política de centro-izquierda que postuló a la exfiscal.

    El lunes pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó la participación de Aldana en las elecciones del 16 de junio al admitir recursos de nulidad a su inscripción por denuncias de una compra irregular de un edificio para el Ministerio Público (MP) y de contratación de plazas fantasma, cuando se desempañaba como fiscal general de 2014 a 2018.

    Las intenciones de voto
    De acuerdo con una encuesta publicada ayer por el diario guatemalteco Prensa Libre, Aldana se encuentra entre las tres aspirantes a la presidencia con mayor intención de voto. Las elecciones serán el domingo 16 de junio.
    La decisión fue adoptada por una mayoría de cuatro magistrados del TSE, con un solo voto a favor de la inscripción, emitido por la magistrada María Eugenia Mijangos. “Cuatro de los magistrados (del TSE) cedieron a las presiones del sistema de corrupción que tenemos en Guatemala”, señaló Pérez.

    Aldana actualmente está en El Salvador, donde denunció intentos de asesinato en su contra de “mafias guatemaltecas”. Su registro inicial como candidata le otorgaba inmunidad, pero la Contraloría indicó posteriormente que el aval que había recibido la exfiscal para inscribir su candidatura ya no tiene validez y que ella puede ser investigada.

    Como fiscal general, Aldana junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, desbarataron una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para evadir impuestos. El caso involucró como cabecilla al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), quien se vio obligado a renunciar cuatro meses antes del fin de su mandato.