Los efectos de la operación “Rápido y furioso”, que permitió que los carteles mexicanos del crimen organizado obtuvieran armas en Estados Unidos se sentirán durante años, declaró ayer el fiscal general estadounidense Eric Holder.
“Es una realidad desafortunada, continuaremos sintiendo los efectos de esta fallida operación durante años”, dijo Holder en una audiencia ante el comité de asuntos judiciales de la Cámara de Representantes.
“Rápido y furioso” fue un programa que permitía, bajo conocimiento de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, su sigla en inglés), la compra de armas automáticas en Estados Unidos por personas vinculadas a carteles mexicanos de la droga con el objetivo de conocer las rutas de ese tráfico. “Probablemente habrá gente que sufrirá daños” a causa de esas armas que “continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, añadió el Fiscal General ante los legisladores.
Arsenal
Hasta un total de 2,000 armas semilargas, compradas durante meses por personas a sueldo de organizaciones criminales mexicanas, fueron introducidas en México bajo conocimiento de la ATF.
El objetivo era rastrear esos rifles, pero el escándalo estalló cuando un agente de la Policía Fronteriza estadounidense murió a balazos el año pasado y se descubrió que una de las armas halladas en la escena del crimen pasó ilegalmente a México bajo supervisión del programa.
Más de 64,000 armas de las 94,000 que decomisó México en los últimos cinco años, es decir casi el 70%, provenían de Estados Unidos, declaró Holder.
El director de la ATF fue removido de su cargo a causa del escándalo, que también causó dimisiones de autoridades policiales en el estado de Arizona, fronterizo con México y principal afectado por esta problemática.
Se hará justicia
La investigación continúa y Holder aseguró que “los responsables rendirán cuentas”, pero el Fiscal General tuvo que reconocer que, oficialmente, aún no sabe quién fue el “número uno” que dio las órdenes para que arrancara el programa.
“Usted es el responsable”, le espetó uno de los legisladores que lideran las investigaciones, el republicano, jefe del subcomité de Contraloría, Darrell Issa.
La audiencia tuvo momentos de tensión entre los republicanos que exigen la dimisión de Holder y los demócratas, que defendieron al procurador y recordaron que programas para rastrear armas rumbo a México ya existían bajo la precedente presidencia de George W. Bush.
Issa exigió que Holder testificara bajo juramento, algo que fue descartado por el presidente del comité de Asuntos Judiciales, Lamar Smith.
Pero Issa amenazó a Holder con enviarle una citación para que vuelva a testificar en enero y que siga explicando, entre otros, por qué cerca de cinco mil correos electrónicos investigados por los legisladores no contienen ningún mensaje directamente de Holder acerca del escándalo.
“Después de todo este tiempo aún no sabemos quién sabía qué, cuándo y quién tomó las decisiones”, se lamentó el también republicano Dan Lufgren.
