El avión privado que traslada al expresidente filipino Rodrigo Duterte aterrizó la tarde de este miércoles en el Aeropuerto de Rotterdam-La Haya, en Países Bajos, y el ex mandatario será trasladado al Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de arresto contra él por el crimen de lesa humanidad de asesinato en Filipinas.
El avión que trasladó al exdirigente desde Manila hasta Países Bajos hizo una larga parada en Dubái, donde Duterte recibió un chequeo médico rutinario y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo, y aterrizó en el aeródromo neerlandés cerca de las 16.55 hora local (15.55 GMT).
Duterte y sus acompañantes aún no han desembarcado del avión. Sobre el expresidente pesaba una orden de detención por presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019.
Al lugar se han trasladado una ambulancia y agentes de la Policía neerlandesa, así como dos autobuses, que han sido colocados delante de la puerta de desembarque, interrumpiendo la visibilidad a los medios de comunicación que esperan la llegada del exdirigente filipino.
Parte de la aeronave ha sido introducida por una grúa dentro de un hangar del aeropuerto.
Solo se considera que Duterte está oficialmente bajo autoridad de la Corte cuando sea trasladado al Centro de Detención de la CPI. Allí pasará por una especie de primera entrevista sobre necesidades, situación médica y temas legales protocolarios.
Después, la CPI programará una audiencia de comparecencia inicial para confirmar la identidad e informarle de sus derechos.
El Centro de Detención está dentro de un complejo penitenciario neerlandés en el barrio costero de La Haya, Scheveningen. No es una prisión, su función es garantizar una custodia segura, protegida y humana de los detenidos bajo autoridad de la CPI mientras se celebra el juicio.
Una vez se dicta sentencia, se traslada al preso a una cárcel de un país socio de la Corte para cumplir su pena.
La CPI hizo pública la orden de arresto, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo. Los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para creer que se cometieron numerosos asesinatos a manos de los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden”, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Dada la posición y funciones de Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que “tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones” y es “coautor indirecto” del crimen de asesinato.
Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha. EFE
