Un grupo de campesinos del occidental departamento de La Unión de El Salvador rechazaron este miércoles las negociaciones con una autónoma del Gobierno del presidente Nayib Bukele para construir el Aeropuerto del Pacífico en sus tierras de cultivo y denunciaron amenazas.
Los representantes de las comunidades El Condadillo y Flor de Mangle señalaron que técnicos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que administra aeropuertos y puertos, les han valorado en 8.000 dólares por manzana (0,70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.
Santos Cruz, agricultor de la zona, dijo en una conferencia de prensa que “lo que hacen los de CEPA es amenazarlo a uno” al decirle que “si usted no firma, es posible que se quede sin nada”.
”Yo lo tomo como una amenaza. Ellos nos dicen a nosotros que si no firmamos durante 15 días posiblemente esto se va a ir a Fiscalía y Fiscalía va a determinar si le deja todo esto al Gobierno y nos deja sin nada a nosotros”, indicó.
Cruz agregó que “somos más de 150 personas las que vamos a ser afectadas. No buscan la forma de negociar en colectivo, sino individualmente. Es algo que no me gusta, siento como una traición que están haciendo al agricultor”.
Indicó que este proyecto “trae un impacto ambiental a la zona”, porque “lo construyen pegado al manglar”, un bosque salado que protege la zona de los efectos del cambio climático.Cruz indicó que la zona es de cultivo de granos básicos y de hortalizas.
“Nosotros los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el Gobierno. Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado. El país no necesita dos aeropuertos”, agregó el agricultor.
Añadió que el valuó que han recibido “no es pago (suficiente)” y “nos quita totalmente la fuente de trabajo que nosotros tenemos en esa zona”, porque “no nos dejan nada”.
En abril pasado, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó dos leyes para la simplificación de trámites y la construcción y operación de los proyectos de un tren y aeropuerto.Los legisladores aprobaron que las construcciones de ambos proyectos no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece controles de transparencia.
De igual forma, en noviembre de 2021 la Asamblea aprobó una ley que permite la expropiación de inmuebles.
“Los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos previa declaración de utilidad pública” con “una justa indemnización”, señala la legislación.
Según el Gobierno, con el proyecto del Aeropuerto del Pacífico “se garantizarán cerca de 4.700 empleos en el primer año de operaciones y 50.000 en 10 años”.
