El diálogo de paz que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iniciarán con el Gobierno de Colombia el 15 de noviembre en La Habana plantea a la guerrilla el desafío de reconvertirse en un movimiento político legal, y a las autoridades el de garantizarles la seguridad.
Última gran guerrilla que persiste activa en América Latina, las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) cuentan en la actualidad con unos nueve mil combatientes que deberán ser reinsertados en la vida civil, y a la vez tendrán, de algún modo, dar cuenta de sus actos a miles de víctimas del conflicto armado que se acerca al medio siglo. Las experiencias anteriores de pacificación de otros grupos guerrilleros en Colombia, que beneficiaron de amnistías generales, poco aportarán como referencia en esta ocasión, consideran los analistas.
“Esta vez no se plantea que haya una amnistía absoluta. Se podría pensar en un indulto a las tropas, pero a los mandos medios y altos les espera un juicio y una sanción, lo que no significa que no puedan beneficiar de suspensión o de reducción de penas”, dijo Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe del instituto Crisis Group.
Ante ese panorama, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos consiguió aprobar este año en el Congreso el “marco jurídico para la paz”, un mecanismo que debe ser reglamentado pero que prevé la suspensión del cumplimiento de penas y otros beneficios procesales a los guerrilleros que dejen las armas.
Las condenas que ya han sido dictadas en ausencia a los comandantes de las Farc implican inhabilitación política de por vida, recordó Ciurlizza, al asomar que el Gobierno deberá encontrar mecanismos que “permitan crear algún tipo de vocería política”.
