El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este miércoles el arresto de cinco personas, incluyendo jefes de policía y alguaciles, por desarrollar un esquema fraudulento para que migrantes obtuvieran visados a cambio de sobornos de hasta 5,000 dólares en Luisiana, en el sur del país.
Las autoridades acusan a los detenidos de cobrar dinero para que la Policía elaborara reportes falsos de crímenes y que los migrantes pudiesen obtener una visa U, que permite trabajar a extranjeros que son víctimas o testigos de ciertos delitos y que, por ende, pueden cooperar para resolverlos y detener a delincuentes.
Los sujetos están acusados de cargos como conspiración para cometer fraude de visado, sobornos, lavado de dinero, fraude postal, y fraude de visado, detalló Alexander Van Hook, fiscal interno de Estados Unidos en el Distrito Occidental de Luisiana, en una conferencia de prensa.
"En específico, la imputación alega que los acusados fraudulentamente obtuvieron o ayudaron a obtener visados U para no inmigrantes", describió el fiscal.
El funcionario denunció que este caso muestra un "abuso" de las visas U, que están vigentes desde la aprobación de la Ley para Víctimas de Trata y Protección de Violencia de 2000, que busca proteger a quienes sufren un delito, y ayudar a las autoridades a investigar crímenes.
Los extranjeros con este visado pueden trabajar de forma temporal y después solicitar la residencia permanente si cumplen con ciertos criterios, como ayudar a resolver casos de violencia doméstica, agresiones sexuales, trata de indocumentados, prostitución, secuestro, violación u homicidios.
Entre los detenidos están los jefes de Policía de la ciudad de Oakdale, Chad Doyle, y de Forest Hill, Glynn Dixon, además del exjefe de Glenmora, Tebo Onishea.
La lista la completan el alguacil Michael Slaney, de Oakdale, y el empresario Chandrakant Patel.
Según la acusación, Patel montó un esquema en el que él cobraba a los migrantes para denunciar robos armados y, al pagarle a los policías parte del dinero, se elaboraban los reportes para que los extranjeros pudiesen después solicitar la visa U.
Los acusados pueden afrontar desde cinco años de cárcel por el delito de conspiración hasta 20 años en prisión por el de fraude postal, además de una multa de hasta 250.000 dólares por cada cargo. EFE
