El ministro chipriota de Finanzas, que hasta 2012 fue presidente del Banco Laiki, ahora en proceso de liquidación, dimitió este martes tras la puesta en marcha de una comisión encargada de determinar responsabilidades en la crisis bancaria que derrumbó la economía de este país de la Eurozona.
Michalis Sarris explicó su dimisión por su condición de presidente hasta agosto de 2012 del Laiki, banco que sera liquidado en el marco del plan de rescate económico acordado a la isla por sus acreedores internacionales.
Sarris será reemplazado por el ministro de Trabajo, Haris Georgiadis. El ministro dimisionario explicó su decisión porque tendrá que colaborar con la investigación para determinar las causas de la crisis bancaria durante el período en que dirigió el Banco Laiki, el segundo mayor del país.
La renuncia fue aceptada por el presidente chipriota Nicos Anastasiadis, que agradeció en un comunicado los 'preciosos servicios' prestados por Sarris, y aseguró que su decisión de dimitir tiene como objetivo 'facilitar el trabajo de la comisión de investigación'.
Anastasiadis, presidente desde febrero, había asegurado que la investigación sobre todos los escándalos relacionados con la tormenta financiera llegaría a todos los niveles, incluida su familia y su propia persona.
El gobierno nombró la semana pasada una comisión de investigación compuesta de tres exjueces de la Corte Suprema, George Pikkis, Panayiotis Kallis y Yiannakis Constantinides.
Durante una ceremonia de juramento de los jueces, previa a la dimisión de Sarris, el presidente Anastasiadis lamentó que 'una serie actos y lagunas de parte de quienes están al cargo de la gestión de la economía y del sistema bancario hayan conducido al país al borde de la quiebra, a la disolución de uno de los mayores bancos y a la pérdida de miles de millones en depósitos'.
'La situación actual de nuestra economía y de nuestro pueblo es producto sin duda de una concatenación de factores tanto internos como externos', añadió el jefe de Estado, un veterano líder de 66 años de la derecha chipriota.
Personalidades políticas bajo sospecha
La prensa chipriota está plagada de rumores los últimos días sobre transferencias efectuadas por los allegados de Anastasiadis, por su predecesor en el cargo, el comunista Demetris Christofias, o por otras personalidades políticas.
Al borde de la quiebra, Chipre obtuvo el 25 de marzo un rescate internacional de 10.000 millones de euros a cambio de una serie de condiciones, entre ellas una reestructuración de su sistema bancario que hará perder parte de sus ahorros a los que tienen más de 100.000 euros en depósitos de los dos principales bancos del país, el Bank of Cyprus y el Laiki, que será liquidado.
Estas pérdidas masivas, que afectan fuertemente a las empresas y amenazan con tener consecuencias dramáticas para el conjunto de la economía, alimentan un profundo resentimiento hacia cualquier persona que haya podido beneficiarse de algún privilegio.
Las acusaciones en la prensa hablan de importantes sumas transferidas desde los dos bancos hacia el extranjero, justo antes de que estallara la crisis.
La comisión, que funcionará durante tres meses con la posibilidad de ampliar sus trabajos otros tres, debe investigar una lista entregada a la prensa griega de personalidades políticas y sus allegados a los que los bancos condonaron sus deudas, por un total que asciende a millones de euros.
Por otra parte, Chipre tendrá hasta 2018, es decir dos años más de lo inicialmente previsto, para lograr los objetivos exigidos por la troika de acreedores internacionales --Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI-- a cambio del préstamo de 10.000 millones de euros para salvar de la quiebra a sus bancos, indicó este martes el gobierno chipriota.
El plan de rescate europeo fue flexibilizado, dando un poco más de tiempo a la isla para bajar su déficit, con el objetivo de 'reducir la presión sobre la economía' chipriota, dijo el portavoz del gobierno, Christos Stylianides.
Chipre tiene por tanto cinco año para lograr su objetivo de un superávit primario (sin contar los intereses de la deuda) del 4% del PIB.'Hemos concluido la redacción del protocolo de consenso, que es una condición previa a un acuerdo sobre el préstamo', se felicitó Stylianides.
