MANAGUA.
El representante de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, afirmó que el argumento de la “lista consensuada” es una “truculencia” del Gobierno de Ortega para no cumplir con los acuerdos firmados con la oposición, en las negociaciones de febrero a abril pasado.
Madres de más de 80 detenidos que no fueron amparados con una amnistía en Nicaragua protestaron ayer para exigir su liberación, tras vencer el plazo acordado para la excarcelación de presos por protestar contra el gobierno.
“¡Libertad!, ¡Pueblo únete!, “¡Son estudiantes, no son delincuentes!”, reclamaron a gritos decenas de madres y opositores frente a los portones de La Modelo, la mayor cárcel de Nicaragua, 20 km al norte de Managua.
“Pido la libertad de mi hijo Francisco”, dijo Leslie Rayo, madre de un manifestante detenido hace 11 meses por participar en una marcha estudiantil contra el gobierno.
El martes venció el plazo de 90 días acordado por la oposición y el gobierno para liberar a todos los manifestantes detenidos tras las protestas que estallaron el 18 de abril contra el presidente Daniel Ortega.
La fecha fue establecida en los acuerdos del gobierno con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Acjd) en el diálogo que sostuvieron entre febrero y mayo.
Una amnistía aprobada el 8 de junio por el parlamento facilitó la liberación, la semana pasada, de 492 opositores que estaban encarcelados o bajo arresto domiciliario. El Gobierno informó el martes que los últimos “presos políticos” fueron liberados la semana pasada, con base a una “lista consensuada” y bajo una Ley de Amnistía.
| Al menos 325 nicaragüenses murieron por la represión a las protestas, cientos fueron detenidos y 62,500 se exiliaron por amenazas de muerte o encarcelamiento, según grupos humanitarios.
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“Si uno lee el texto (de los acuerdos), habla de la liberación de todas las personas involucradas en los hechos desde el 18 de abril (de 2018), no dice ‘lista consensuada’, no dice ‘lista completa’, dice: la liberación de todos”, dijo Chamorro a periodistas.
Los manifestantes desafiaron a la Policía Nacional, que no permite protestas contra Ortega, pese a las críticas porque la medida contradice la Constitución, según los juristas.
