Tegucigalpa, Honduras
Fue el 31 de marzo de 2017 que Wilter Neptaly Blanco Ruiz compareció personalmente ante el juez magistrado Barry L. Garber decidido a cambiar su declaración de inocencia por la de culpabilidad en el cargo uno que aparece en la acusación 16-CR-20602, luego de negociar un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos.
La negociación comenzó días después de su captura en San José, Costa Rica, en noviembre de 2016, pero fue en febrero de 2017 que los acuerdos comenzaron a tomar forma. Sin embargo, en su primera declaración ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Blanco se declaró inocente.
Fue en una segunda audiencia que oficializó junto con su abogado defensor Víctor Edward Rocha que deseaba retirar la declaración de inocencia por la de culpabilidad.
Para la aceptación de la declaración de culpabilidad fue nombrado un juez de instrucción, y fue así que se hizo la modificación del procedimiento con el consentimiento del acusado, su abogado y Walter Norkin, el fiscal auxiliar a quien se le asignó esta causa.
Wilter Blanco es culpable de un único cargo y es el de “conspirar para distribuir una sustancia controlada, específicamente de cinco kilogramos o más de cocaína, en los países de Colombia, Guatemala, Honduras, México y otros lugares, en violación del título 21 del Código de Estados Unidos de los artículos 959 y 963”, refiere la acusación en poder de Diario LA PRENSA.
Aplicación La sentencia en el acuerdo de culpabilidad señala que se aplicará por conspirar para trasladar al menos mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos, en donde Blanco actuó en Honduras como organizador de la actividad criminal e involucró a cinco o más participantes para cometer el ilícito.
Según el acuerdo, al hondureño se le confiscarán todos los derechos, títulos e intereses, independientemente de su naturaleza o forma; así como bienes, propiedades, dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios, dondequiera que se encuentren, sea a nombre del demandado u otras personas.
Para ello se emitirá una orden para transferir o gravar los activos que pueden ser identificados como sujetos a confiscación. Como pena mínima le esperan al menos 10 años en prisión, seguido de un período de libertad supervisada de al menos cinco años y hasta de por vida. Además se incluye una multa de hasta 10 millones de dólares.
