Tras los recientes señalamientos sobre el presunto desvío de fondos a través de oenegés, Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), confirmó que hay líneas de investigación abiertas.
Estas pesquisas involucran actuaciones de funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado.
"En la segunda línea de investigación que se presentó en el caso Pandora, están incluidos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, así como ministros de Sefin (Secretaría de Finanzas) y otros funcionarios de esas instituciones por haber aprobado de manera irregular los fondos que fueron a dar a las oenegés", detalló.
Cuando se presentó el requerimiento fiscal en el caso de corrupción denominado Pandora, a finales de 2013, el Ministerio Público solicitó tomar declaración al testigo protegido Fernando José Suárez Ramírez. Sin embargo, no fue posible ejecutarla debido a que se encontraba preso en El Salvador.
"Ahora hemos solicitado al tribunal que reciba dicha declaración bajo las formalidades de una prueba anticipada para que el testigo comparezca a rendir la misma", explicó Santos. El juez que conoce la causa decidirá mañana si acepta la petición de la Uferco para que Suárez Ramírez declare como prueba anticipada.
Según el Ministerio Público, Fernando Suárez era quien tenía el control de las organizaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, a través de las cuales se drenaron millonarias cantidades de dinero del Estado.
"Se ha hecho público que el testigo (Fernando José) era quien administraba estas dos fundaciones y él conoce muy bien cómo fue que se le asignaron esos fondos, quién se los asignó, cuáles fueron los procedimientos que se siguieron, cómo les entregaron esos fondos, quiénes son todos los involucrados y quién le ordenó que estructurara esas oenegés", expuso Santos.
Todas esas interrogantes, subrayó, son las que el ente acusador del Estado necesita que Fernando Suárez conteste ante el juez, para esclarecer cómo se dio el latrocinio cometido contra el Estado.
Santos recordó que está en manos de la Sala Constitucional resolver aspectos pendientes del caso Pandora, en particular sobre las personas beneficiadas con los fondos malversados mediante las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
"Son ellos los que van a resolver lo que tienen pendiente de resolver: dos recursos de amparo, y estamos a la espera de que lo hagan muy pronto. En el caso en la segunda línea de investigación, lo que está pendiente es un recurso de apelación donde se va a determinar si el caso se va a enviar a juicio oral y público o no", concluyó.
Como resultado del presunto desvío de fondos, los beneficiarios adquirieron bienes y propiedades que aún no han sido objeto de privación de dominio. Se calcula que los recursos malversados alcanzan los 288 millones de lempiras.
