Tegucigalpa, Honduras.
Un pliego de responsabilidad penal contra Mario Zelaya Rojas sería emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por el delito de enriquecimiento ilícito.
En este expediente se indica que Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, no puede justificar 48 millones de los 54 millones que gastó durante los tres últimos años.
Una fuente reveló que auditores del TSC estarían a punto de corroborar el millonario ingreso y gasto que tuvo Zelaya Rojas durante su período como director. Se indicó que sus egresos no concuerdan con sus ingresos lícitos.
En el dictamen pericial se detalla que el ingreso lícito de Zelaya era de 3.6 millones por parte de la clínica privada en que laboraba y tres millones de 2010 a 2013 por el Seguro Social.
La fuente explicó que, si se confirma el enriquecimiento ilícito, el TSC remitirá al Ministerio Público el sustento de la investigación para ejercitar la acción penal.
Auditoría
Se informó que desde junio de 2014, el TSC inició una auditoría financiera y de cumplimiento legal de forma integral para indagar sobre el manejo de todo el Seguro Social, incluyendo la Dirección Ejecutiva.
En enero de este año, el Tribunal Superior de Cuentas informó que la auditoría ya había encontrado responsabilidades civiles y penales por 500 millones de lempiras.
Sin embargo, esta indagación culminará hasta finales de este año y será socializada con todos los actores del Seguro Social. “Pero son hechos nuevos. Los hallazgos no tienen nada que ver con las irregularidades detectadas hasta el momento por los órganos de investigación del Estado y civiles”, anunció la fuente.
Rosario
Mario Zelaya afronta cuatro causas acusatorias: compra sobrevalorada de boletos aéreos por 1.4 millones, transferencia de fondos entre regímenes por 1,520 millones, cobro de coimas por 2.08 millones de dólares y lavado de 330 millones mediante empresas fantasma. Por estas acusaciones, Zelaya afronta en total 10 delitos después de que fuese sobreseído por malversación de caudales públicos.
Según el Ministerio Público, el castigo total para Zelaya Rojas sería una pena de 125 años de reclusión.
Herramienta
El informe del Tribunal Superior de Cuentas que comprende responsabilidades civiles y penales contra Zelaya Rojas será una herramienta más para el Misterio Público.
El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, indicó que la información se utilizaría “como un soporte para el caso de lavado” que ya se le imputa a Zelaya.
“Para nosotros, esas investigaciones estarían subsumidas en nuestras líneas de investigación”, indicó el togado. Explicó que el enriquecimiento ilícito es una figura administrativa para efectos de reparos a través de responsabilidad.
Agregó que penalmente la acción se tipifica como malversación de caudales públicos.
Zelaya, médico ortopeda y cirujano, ha sido identificado por el Ministerio Público como uno de los tres cerebros que cometieron el desfalco millonario contra el IHSS, estimado en unos 6,000 millones de lempiras.
Guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería en la capital, junto a los exviceministros de Trabajo y Salud, además de un exfuncionario.
Un pliego de responsabilidad penal contra Mario Zelaya Rojas sería emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por el delito de enriquecimiento ilícito.
En este expediente se indica que Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, no puede justificar 48 millones de los 54 millones que gastó durante los tres últimos años.
Una fuente reveló que auditores del TSC estarían a punto de corroborar el millonario ingreso y gasto que tuvo Zelaya Rojas durante su período como director. Se indicó que sus egresos no concuerdan con sus ingresos lícitos.
En el dictamen pericial se detalla que el ingreso lícito de Zelaya era de 3.6 millones por parte de la clínica privada en que laboraba y tres millones de 2010 a 2013 por el Seguro Social.
La fuente explicó que, si se confirma el enriquecimiento ilícito, el TSC remitirá al Ministerio Público el sustento de la investigación para ejercitar la acción penal.
Auditoría
Se informó que desde junio de 2014, el TSC inició una auditoría financiera y de cumplimiento legal de forma integral para indagar sobre el manejo de todo el Seguro Social, incluyendo la Dirección Ejecutiva.
En enero de este año, el Tribunal Superior de Cuentas informó que la auditoría ya había encontrado responsabilidades civiles y penales por 500 millones de lempiras.
Sin embargo, esta indagación culminará hasta finales de este año y será socializada con todos los actores del Seguro Social. “Pero son hechos nuevos. Los hallazgos no tienen nada que ver con las irregularidades detectadas hasta el momento por los órganos de investigación del Estado y civiles”, anunció la fuente.
Rosario
Mario Zelaya afronta cuatro causas acusatorias: compra sobrevalorada de boletos aéreos por 1.4 millones, transferencia de fondos entre regímenes por 1,520 millones, cobro de coimas por 2.08 millones de dólares y lavado de 330 millones mediante empresas fantasma. Por estas acusaciones, Zelaya afronta en total 10 delitos después de que fuese sobreseído por malversación de caudales públicos.
Según el Ministerio Público, el castigo total para Zelaya Rojas sería una pena de 125 años de reclusión.
Herramienta
El informe del Tribunal Superior de Cuentas que comprende responsabilidades civiles y penales contra Zelaya Rojas será una herramienta más para el Misterio Público.
El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, indicó que la información se utilizaría “como un soporte para el caso de lavado” que ya se le imputa a Zelaya.
“Para nosotros, esas investigaciones estarían subsumidas en nuestras líneas de investigación”, indicó el togado. Explicó que el enriquecimiento ilícito es una figura administrativa para efectos de reparos a través de responsabilidad.
Agregó que penalmente la acción se tipifica como malversación de caudales públicos.
Zelaya, médico ortopeda y cirujano, ha sido identificado por el Ministerio Público como uno de los tres cerebros que cometieron el desfalco millonario contra el IHSS, estimado en unos 6,000 millones de lempiras.
Guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería en la capital, junto a los exviceministros de Trabajo y Salud, además de un exfuncionario.