Un Tribunal de Sentencia declaró sin lugar este viernes el cambio de la medidas de prisión preventiva a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, quien está en prisión por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida.
Ahora queda a la espera de un análisis forense psicológico y físico de la ex primera dama.
Asimismo, su defensa presentó una caución de una fianza de dos propiedades valoradas en 34 millones de lempiras para que le puedan otorgar el arresto domiciliario debido al peligro que corre en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (Pnfas) en Támara, Francisco Morazán, donde permanece recluida.
También fu declarado no ha lugar la petición de arresto domiciliario para Saúl Fernando Escobar Puerto, exsecretario privado de Rosa Elena.
El tribunal había citado a las partes procesales para desarrollar la audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, y por la oficina del ministro asesor para presos políticos, Pedro Joaquín Amador, quien pidió que Rosa Elena de Lobo pueda salir de la penitenciaria y tenga arresto domiciliario.
El Gobierno de Honduras solicitó esta semana al tribunal que lleva el caso que sea trasladada de la cárcel a su casa bajo arresto domiciliario debido a los riesgos que enfrenta luego del asesinato de un hijo suyo.
La petición de cambio de medidas fue presentada a través del asistente de la Presidencia de Honduras en atención a presos políticos y sociales, Pedro Amador, confirmó la abogada de la ex primera dama, Daysi Banegas.
Amador pide al Tribunal de Sentencia que “actúe de oficio y revoque medida cautelar de prisión preventiva a la señora Rosa Elena Bonilla por arresto domiciliario” y asegurar su presencia en el proceso, según el documento.
La ex primera dama fue condenada el pasado 17 de marzo en la repetición del juicio por fraude y apropiación indebida de recursos a título de coautora, según la resolución del Tribunal de Sentencia.
Bonilla fue detenida el 28 de febrero de 2018 luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su ex secretario privado Saúl Escobar, se entregó en marzo de 2018 a las autoridades hondureñas.
Según la denuncia del Ministerio Público, los acusados “conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos durante los años 2011 a 2015 a través de 70 cheques otorgados a 9 personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad, que después convertían en dinero en efectivo”.
Bonilla manejó una cuenta bancaria con recursos provenientes de diferentes fuentes, entre ellas donaciones de la Embajada de Taiwán para proyectos sociales que debían ser ejecutados por la Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco) durante el período 2011-2014, señaló el organismo.
